La Comisión Accidental del Senado de la República, designada mediante la Resolución No. 260 del 29 de enero de 2025, ha emitido su concepto sobre el informe presentado por el Gobierno nacional respecto a la crisis humanitaria y de seguridad en la región del Catatumbo.
En su análisis, los congresistas consideran que la declaratoria de conmoción interior adoptada mediante el Decreto No. 0062 del 24 de enero de 2025 es una medida justificada y necesaria para afrontar el escalamiento del conflicto armado en la zona.
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El respaldo del Senado a esta medida se fundamenta en la insuficiencia de las facultades ordinarias de las autoridades para contener la crisis y en la urgencia de implementar acciones excepcionales que garanticen la protección de la población civil.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en particular las Sentencias C-027 de 1996 y C-802 de 2002 de la Corte Constitucional, la declaratoria de conmoción interior es procedente en casos de grave perturbación del orden público que atente contra la estabilidad institucional y la seguridad del Estado.
Los miembros de la Comisión Accidental subrayan que, pese a los esfuerzos desplegados por las Fuerzas Militares y las autoridades locales, la situación ha desbordado la capacidad institucional y demanda la intervención directa del Gobierno nacional.
Asimismo, advierten que seguirán monitoreando la evolución de las acciones gubernamentales para evaluar su impacto en la estabilidad de la región y el bienestar de sus habitantes.
Contexto de la crisis en el Catatumbo
El Catatumbo, ubicado en el nororiente del departamento de Norte de Santander, es una región con una rica biodiversidad y recursos naturales, pero históricamente afectada por el conflicto armado. En ella operan grupos ilegales como el Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOr) Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) conocido como “Los Pelusos” y el Clan del Golfo.
Desde el rompimiento del cese al fuego con el ELN y la intensificación de las disputas territoriales entre los distintos actores armados, la situación ha empeorado considerablemente. El informe del Gobierno, presentado por el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, mediante el oficio No. 2025-2-001000-01587, detalla cómo el reacomodo de estos grupos ha generado una crisis humanitaria sin precedentes. Se resalta que los enfrentamientos entre estos actores ilegales han llevado a un aumento de ataques directos contra la población civil y la infraestructura local, intensificando el desplazamiento y la inseguridad en la región.
Impacto humanitario y colapso institucional
Según cifras de la Defensoría del Pueblo:
- 54.013 personas desplazadas, principalmente en Cúcuta (24.976), Tibú (13.373) y Ocaña (10.285).
- 32.403 personas confinadas en Tibú (17.733), Teorama (9.000), El Carmen (3.750) y Ábrego (1.500).
- 689 personas evacuadas mediante 57 vuelos humanitarios y 8 desplazamientos terrestres.
- 18 personas desaparecidas.
- 56 homicidios, de los cuales 49 víctimas han sido identificadas, incluyendo dos líderes sociales.
Los alcaldes de los municipios afectados y el gobernador de Norte de Santander han manifestado en sesiones del Senado que la crisis ha sobrepasado su capacidad de respuesta logística y presupuestal. Además, se ha reportado el impacto negativo en la infraestructura de salud, energética y económica de la región, con pérdidas en sectores como el minero, agropecuario y comercial.
Seguimiento y monitoreo de la situación
La Comisión Accidental anunció que continuará con el seguimiento de las acciones implementadas por el Gobierno en el marco de la conmoción interior y evaluará la eficacia de las medidas adoptadas. De igual manera, instó a la Administración Nacional a garantizar la protección de los derechos humanos y el retorno seguro de las comunidades desplazadas.
Mientras tanto, la crisis en el Catatumbo sigue en desarrollo, con el reto de implementar soluciones efectivas que permitan superar la situación de violencia y restablecer la gobernabilidad en la región.
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