El Consejo de Estado ordenó a la Comisión de Ética del Congreso de la República pronunciarse sobre la recusación presentada contra el representante Alirio Uribe, que participa en la investigación de presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La recusación, interpuesta por la veeduría Foro Colombia Libre en noviembre de 2024, alega un posible conflicto de interés, pero hasta la fecha no ha sido resuelta, a pesar de que la normativa establece un término de cinco días hábiles para decidir estos recursos.
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Una decisión en favor del debido proceso
El alto tribunal estudió los argumentos presentados por la veeduría y determinó que existía una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por lo que ordenó a la Comisión de Ética pronunciarse sin más dilaciones.
“Ordenará a la Comisión Legal de Ética y el Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo hubiere hecho, se pronuncie respecto a la recusación presentada en contra del congresista Alirio Uribe Muñoz y, de ser el caso, la remita a la comisión competente”, establece la decisión del Consejo de Estado.
El fallo destacó la omisión en la resolución de la recusación, lo que ha generado incertidumbre en el proceso. En este sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, subrayó que el retraso injustificado afecta el principio de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, por lo que el pronunciamiento debe ser inmediato.
La Veeduría Foro Colombia Libre, a través de su vocera principal, presentó la acción de tutela que derivó en esta decisión, alegando que la Comisión de Ética había vulnerado los derechos fundamentales de la ciudadanía al no pronunciarse en tiempo sobre la recusación. El Consejo de Estado dio la razón a la veeduría y enfatizó la obligación de las instituciones de responder de manera oportuna y conforme a la ley.
Por su parte, Alirio Uribe defendió su participación en la investigación y argumentó que la única instancia que puede resolver recusaciones contra los investigadores del caso es la Comisión de Acusación, ya que es el órgano encargado de adelantar el procedimiento de carácter jurisdiccional.
Dicha postura deja entrever la posibilidad de un conflicto de competencia entre las instancias que deben resolver su recusación. Sin embargo, con la orden del Consejo de Estado, la Comisión de Ética está obligada a decidir si acepta la recusación y aparta a Uribe del caso o si remite el trámite a la instancia correspondiente.
Consecuencias de la decisión
Con esta orden judicial, la Comisión de Ética tiene entonces un plazo de dos días para tomar una determinación. En caso de incumplimiento, podría configurarse un desacato, lo que acarrearía sanciones para los funcionarios responsables de la demora. Además, la decisión podría impactar el desarrollo de la investigación sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro, en la que Uribe juega un papel clave como investigador.
El Consejo de Estado también dispuso que, de no ser impugnada la providencia, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta posibilidad abre la puerta a un análisis más profundo sobre los procedimientos internos en el Congreso y el respeto a los términos legales en la resolución de recusaciones contra congresistas.
La decisión del alto tribunal refuerza la importancia del respeto a los tiempos procesales y la garantía del debido proceso en investigaciones de alto impacto político. En los próximos días se conocerá la respuesta de la Comisión de Ética y si el caso de Alirio Uribe se mantiene en su actual etapa o toma un nuevo rumbo.
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