Alerta en Colombia: la bombona de gas podría subir hasta un 50% y miles de familias quedarían desprotegidas

El acceso a servicios básicos como el gas licuado de petróleo (GLP) en Colombia se encuentra en una situación crítica debido a la suspensión de los subsidios estatales desde julio de 2024. Esta medida impactó a las empresas distribuidoras y, sobre todo, a las familias más vulnerables que dependen de este combustible para sus necesidades diarias.

El gremio de Gasnova, que representa a las empresas del sector, levantó su voz de alarma. El martes 11 de febrero, en un pronunciamiento oficial, la organización advirtió que el “Gobierno nacional desampara a los usuarios más pobres del país”. Según cálculos de la entidad, la falta de pagos generó una deuda de 68.000 millones de pesos hasta diciembre de 2024, cifra que sigue aumentando con el paso del tiempo. Además, se estima que el costo mensual de estos subsidios asciende a aproximadamente 9.000 millones de pesos.

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El programa de subsidios forma parte del Plan Piloto de Subsidios al Gas LP en cilindros, destinado a cubrir el 50% del costo del gas para los hogares de estrato 1 y el 40% para los de estrato 2. Sin embargo, con la suspensión de los pagos, los precios de las pipetas podrían aumentar entre un 40% y un 50% o más, afectando a unas 675.000 personas en seis departamentos: Nariño, Putumayo, el Macizo colombiano del Cauca, Caquetá, San Andrés Islas y Amazonas. Estas regiones, ya golpeadas por la pobreza y problemas de orden público, enfrentan ahora un obstáculo adicional para acceder a un recurso esencial.

Alejandro Martínez, directivo de Gasnova, señaló que, a pesar de los múltiples llamados al Gobierno, aún no se realizaron los pagos atrasados, lo que obligó a las compañías a asumir el costo del subsidio con sus propios recursos. Martínez también advirtió sobre el riesgo de que muchas familias se vean obligadas a regresar al uso de la leña, lo que tendría consecuencias negativas para la salud y el medioambiente.

Lo más preocupante, según Gasnova, es que no se vislumbra una solución a corto plazo. “Se eliminó la partida presupuestal que cubre este concepto, así que este programa de subsidios ni siquiera aparece en las cuentas del gobierno para el 2025″, afirmó Martínez. Esto deja en el aire el futuro de la asistencia a los hogares que más lo necesitan, mientras que las empresas distribuidoras enfrentan serias dificultades para seguir operando.

La crisis del GLP en Colombia se inscribe dentro de un contexto económico más amplio, en el que la inflación y el aumento del costo de vida representan amenazas latentes. El impacto de esta problemática no solo afecta a los consumidores, sino también a la inversión y el empleo en el sector energético. A medida que el tiempo avanza sin soluciones concretas, crece la incertidumbre sobre cómo se garantizará el acceso a este recurso fundamental en los hogares colombianos más vulnerables.

Desde el punto de vista económico, el alza en los costos del GLP impactará directamente el gasto de los hogares de bajos ingresos, reduciendo su poder adquisitivo y limitando su capacidad para cubrir otras necesidades esenciales como alimentación, salud y educación. Esto podría generar una desaceleración del consumo en sectores clave, afectando el comercio y debilitando el crecimiento económico local.

A nivel empresarial, las distribuidoras de GLP, que ya enfrentan dificultades financieras debido a la falta de pago de los subsidios gubernamentales, podrían verse obligadas a reducir sus operaciones o incluso cerrar, lo que pondría en riesgo cientos de empleos directos e indirectos en la cadena de distribución de este combustible.

En el ámbito social, el encarecimiento del GLP podría llevar a muchas familias a recurrir a fuentes de energía más contaminantes como la leña, lo que aumentaría los problemas de salud pública relacionados con enfermedades respiratorias y afectaría el medioambiente debido a la deforestación. Además, la falta de acceso a una fuente de energía confiable podría profundizar las desigualdades regionales, afectando el bienestar de comunidades que ya enfrentan altos niveles de pobreza y precariedad. En este contexto, la ausencia de una solución inmediata por parte del Gobierno podría agravar la crisis, generando malestar social y presionando la estabilidad política.