![Avanza el caso del caso](https://www.infobae.com/resizer/v2/BHL6G3VLPBC7HJMUWFJVDK75JU.png?auth=97bd9504869e9bea8a2df71c6ef355b1ce2cf87abafa45f6ea80aff9ac3c5a00&smart=true&width=350&height=197&quality=85)
En una decisión que era esperada desde hace al menos siete meses, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia definió el lunes 10 de febrero de 2025 un asunto crucial relacionado con el expediente que investiga a cinco congresistas y un exrepresentante a la Cámara, acusados de presuntas irregularidades en la contratación dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Lo anterior, por su presunta participación en la red de corrupción al interior de la entidad.
Según se conoció, el magistrado Misael Rodríguez continuará al frente de la investigación que arrancó bajo su liderazgo, con la necesidad de entregar resultados significativos, pese a que en principio el caso estaba designado al magistrado Héctor Alarcón; no obstante, el togado fue retirado tras conocerse las filtraciones de las declaraciones del exdirector de la Ungrd, dadas a conocer por Semana.
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Cabe destacar que, este proceso tomó un giro radical luego de conocerse que los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Bitar, los representantes Wadith Manzur, Karen Manrique y Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, involucrados en este caso, al parecer se habrían beneficiado con contratos por cuantiosas sumas de dinero, a cambio de respaldar proyectos financiados por el Gobierno nacional.
![Los congresistas Juan Pablo Gallo,](https://www.infobae.com/resizer/v2/N3JEIAH5QRC2DBEVERJELZFHQM.jpg?auth=7dc87dc4dfb32b22d71b0448438e9c37bb31f3272dff9402984d50db1c8b1768&smart=true&width=350&height=214&quality=85)
Entre ellos, los préstamos solicitados por el Ejecutivo ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), de la que hacen parte los integrantes del legislativo. Para tal fin, los miembros del Congreso debían, al parecer, dar su voto positivo a este tipo de iniciativas, a cambio de participación en contratos en Carmen de Bolívar, en Bolívar ($11.700 millones); Saravena, en Arauca ($35.631 millones), y Cotorra, en Córdoba ($46.000 millones).
Así lo indicaron tanto López como Pinilla, que ofició como ex subdirector de manejo de riesgo de la Ungrd. Aunque en enero la presidencia de la Sala de Instrucción pasó de Rodríguez a César Reyes, será el primero el que continúe al frente del proceso que se adelanta en el alto tribunal: que también tiene bajo su encargo las investigaciones contra los expresidentes del Senado Iván Name Vásquez y de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, por la presunta recepción de $4.000 millones para torcer aparentemente su voluntad en favor de las iniciativas estatales.
![Él es Misael Rodríguez, el](https://www.infobae.com/resizer/v2/HCD7JVKQFRB2JH3EJID7U2IUFE.jpg?auth=40fa8be6953ced61edd8a4879952e7879e2a0442b3cdb885f635946c46e1e2e5&smart=true&width=350&height=467&quality=85)
¿Quién es el magistrado que continuará con investigaciones en la Ungrd?
El referido magistrado, que tendrá la responsabilidad de adelantar las pesquisas en este mediático caso, que mueve los cimientos del Gobierno Petro, es abogado, especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Externado de Colombia. Y cuenta con más de 26 años de experiencia en la Rama Judicial y el Ministerio Público. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en la Rama Judicial, con énfasis en la Fiscalía General de la Nación desde 1993.
Misael Rodríguez, que hace parte de la Corte, también se desempeñó como agente del Ministerio Público en el cargo de procurador 11 Judicial II Penal, obtenido mediante concurso de méritos.
![El proceso contra los congresistas](https://www.infobae.com/resizer/v2/RUC4F4C45VFCHCAZW36GS3CTQU.jpg?auth=be99db25b5e0aee14b6e3a3f30ed2b154d006594437900b11b833deb8e729335&smart=true&width=350&height=217&quality=85)
A su vez, y tras un periodo como oficial mayor del Juzgado 44 Penal Municipal de Bogotá, el miembro de la Sala de Instrucción del alto tribunal ingresó a la Fiscalía General de la Nación como investigador judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI); posteriormente ascendió a los cargos de profesional universitario y fiscal delegado ante diferentes instancias judiciales, al incluir jueces penales municipales, del circuito y especializados.
En su trayectoria profesional, se destaca que también ejerció como fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, fiscal ante Tribunal Superior de Distrito Judicial, fiscal adscrito a los despachos del vicefiscal y fiscal General de la Nación, Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia y director de Fiscalía de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
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