Seis firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados por el ELN en el Catatumbo, en total ocho fueron secuestrados

La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta una de las peores crisis humanitarias desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. De acuerdo con un informe reciente del Ministerio de Defensa, la violencia en esta zona, hasta el momento, un saldo de 56 personas asesinadas y más de 54.000 desplazados desde el 16 de enero de 2024. En respuesta a esta situación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la asignación de 3,8 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (Cerf, por sus siglas en inglés) con el objetivo de brindar asistencia a las comunidades afectadas.

De acuerdo con Mireia Villar, coordinadora residente y humanitaria de la ONU en Colombia, estos recursos serán fundamentales para atender las necesidades más urgentes de las víctimas, incluyendo alimentos, atención médica, acceso a agua potable, educación y protección para mujeres y niños en riesgo de violencia de género. Villar destacó que más de 77.000 personas fueron afectadas por la violencia en el Catatumbo, de las cuales 25.000 permanecen confinadas en zonas rurales sin acceso a servicios básicos.

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La asignación de recursos por parte de la ONU busca aliviar esta situación, pero las necesidades son enormes. Además de la ayuda humanitaria inmediata, se requiere una solución integral que aborde las causas estructurales del conflicto, incluyendo la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la presencia de economías ilegales.

El informe del Ministerio de Defensa también reveló que ocho firmantes del Acuerdo de Paz fueron secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), bajo la acusación de pertenecer al Frente 33 de las disidencias de las Farc. De estos ocho, seis fueron asesinados, un hecho que generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Este episodio evidencia la complejidad del conflicto en el Catatumbo, donde diversos actores armados ilegales disputan el control territorial.

El Catatumbo, una región estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela y su riqueza en cultivos ilícitos, ha sido históricamente escenario de enfrentamientos entre grupos armados. En la actualidad, la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc intensificó la violencia, afectando principalmente a comunidades campesinas e indígenas que quedan atrapadas en medio del conflicto.

Asimismo, la escalada de violencia provocó el desplazamiento masivo de la población. Según el Puesto de Mando Unificado (PMU), un total de 54.098 personas han abandonado sus hogares desde enero. Las ciudades más afectadas por la llegada de desplazados son Cúcuta, que ha recibido a 24.976 personas, seguida de Tibú con 13.373 y Ocaña con 10.228.

En cuanto a las víctimas mortales, el PMU detalló que, de las 56 personas asesinadas, 27 fueron encontradas en Tibú, 21 en Teorama, seis en El Tarra, una en San Calixto y otra en Hacarí. Estas localidades han sido epicentros de la violencia, lo que ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares en busca de seguridad.

La crisis en el Catatumbo representa el mayor desafío humanitario en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. A pesar de los esfuerzos por implementar los acuerdos y avanzar hacia la reconciliación, la persistencia de la violencia en regiones como esta pone en evidencia las dificultades para consolidar una paz duradera.

Mientras tanto, las autoridades continúan buscando soluciones para frenar la violencia y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas. Sin embargo, la complejidad del conflicto y la presencia de múltiples actores armados ilegales hacen que esta tarea sea especialmente difícil.