Abogado de Álvaro Uribe se fue contra la jueza que lleva su caso por soborno y fraude procesal: “una actitud totalmente irrespetuosa”

El país sigue de cerca uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años, después de que se llevara a etapa de juicio por primera vez en la historia a un expresidente de la república.

De hecho, el caso del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, acusado de presunto soborno a testigos y fraude procesal, se encuentra en una etapa decisiva, pues los términos legales del proceso están programados para vencer en octubre de 2025, lo que añade presión a las audiencias en curso.

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De acuerdo con el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, la estrategia del expresidente planea ofrecer su versión de los hechos como parte de su defensa material.

Sin embargo, el litigante aseguró en una entrevista concedida a El Colombiano, que el proceso ha estado marcado por fuertes tensiones con la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia.

El abogado defensor expresó su preocupación por lo que considera una actitud hostil de la jueza de primera instancia hacia el expresidente Uribe. Según Granados, esta actitud se ha manifestado en decisiones que, a su juicio, han vulnerado garantías básicas del debido proceso.

Como ejemplo, mencionó un episodio en el que la jueza negó un aplazamiento solicitado por Uribe para atender compromisos internacionales, obligándolo a asistir a una audiencia inmediatamente después de un largo viaje.

“Ella prácticamente lo forzó a estar tomando la audiencia bajándose del avión. Es decir, con una actitud totalmente irrespetuosa atropellando no solamente la dignidad de un expresidente y exsenador sino de una persona que tiene 72 años de edad y tiene la dignidad humana como cualquiera. Me parece que ha habido múltiples actuaciones desobligantes y se han dejado las constancias respectivas”, señaló el abogado al diario nacional.

No obstante, Granados reconoció que el tribunal superior ha corregido algunas de estas decisiones, lo que, en su opinión, refuerza la vigencia del Estado de derecho en Colombia. Sin embargo, advirtió que la actitud de la jueza pone en riesgo la imparcialidad del proceso.

Incluso, Granados calificó el caso contra Uribe como un ejemplo de “lawfare” o guerra jurídica, argumentando que tiene un trasfondo político. Según explicó a El Colombiano, el proceso se originó en 2018, en medio de una campaña electoral en la que Uribe obtuvo la mayor votación histórica como senador y su partido, el Centro Democrático, alcanzó la presidencia de la República.

El abogado también denunció irregularidades en la recolección de pruebas, como la interceptación de más de 20.000 conversaciones telefónicas de Uribe durante un mes, las cuales calificó de ilegales. Además, cuestionó la imparcialidad de algunos funcionarios judiciales involucrados en el caso, señalando vínculos con administraciones opositoras al expresidente.

“Hemos tenido que confrontar al fiscal que presentó el escrito de acusación con todas las particularidades de ese escrito, la manera que asaltó a la defensa modificándolo faltando unas horas para la audiencia respectiva y quien había sido un directivo de la Fiscalía de Luis Eduardo Montealegre, ni más ni menos que una de las pretendidas alegadas víctimas de este proceso”, señaló Granados al medio.

En su intervención, Granados señaló que el caso contra Uribe no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas. Según comentó a El Colombiano, el expresidente sigue siendo una figura central en la política colombiana como líder de la oposición y fundador del Centro Democrático. Aunque no puede ser candidato en las elecciones presidenciales de 2026, su influencia en el debate político es innegable.

“Siendo Álvaro Uribe el líder de la oposición en Colombia, el fundador del partido de oposición Centro Democrático y la figura más destacada de nuestra vida pública, pues es un actor indispensable para la discusión del 2026 así él no pueda ser candidato. Sobre cálculos políticos no me corresponde como abogado defensor entrar en esa discusión”, comentó el abogado.

Además, Granados rechazó las acusaciones de que la defensa busca dilatar el juicio para que los términos prescriptivos se venzan. Según explicó, si el proceso hubiera seguido el curso determinado inicialmente, los términos de prescripción se habrían extendido hasta 2030.

“Nosotros no tenemos ninguna injerencia o responsabilidad porque se acerque el término prescriptivo el 8 de octubre de este año. Por la sencilla razón que si el proceso hubiera continuado como lo determinó cuando se hizo el traslado al sistema acusatorio, en la decisión tomada por la juez de control de garantías, quien no solamente dejó en libertad al ciudadano Uribe Vélez, sino que además consideró que no estaba imputado, si eso se hubiera quedado, los términos de prescripción se extendían hasta febrero del 2030”, comentó Granados.

En caso de que Uribe sea condenado, el abogado señaló que la sentencia podría ser apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, lo que extendería el proceso hasta que se emita un fallo en segunda instancia. Granados reiteró su confianza en la inocencia de Uribe y aseguró que las pruebas presentadas por la defensa demostrarán su absolución.

“En Colombia, a diferencia de otros sistemas, es más susceptible la sentencia de ser apelada tanto en eventos de condena como de absolución. Esa apelación, en cualquier circunstancia, implica que sea el honorable Tribunal Superior de Bogotá quien tenga que examinar esa apelación y el término de prescripción que llega al 8 de octubre de 2025 incluye hasta que se tome una decisión por parte del tribunal en segunda instancia. Lo único que interrumpe el término prescriptivo sería cuando se profiera la sentencia de segunda instancia o en cualquier evento que ocurra”, señaló.

Finalmente, el abogado defendió la decisión de Uribe de contratar al abogado Diego Cadena, quien ha sido señalado en el caso. Según Granados, Cadena ofreció sus servicios al expresidente y este confió en su experiencia para realizar labores investigativas. Sin embargo, dejó a los lectores la valoración de si esta decisión fue un error, considerando los hechos que ocurrieron posteriormente.

“No, de modo alguno se puede calificar como un error el haber recurrido a un abogado para actividades investigativas que él no buscó. El abogado Cadena fue el que lo buscó a él, ofreció sus servicios, él confió por la experiencia de Cadena de hacer esas tareas investigativas que son propias de los abogados y no tenía cómo anticipar lo que después ocurrió”, concluyó Jaime Granados.