El 7 de febrero de 2025, el caso Odebrecht en Colombia dio un giro significativo con la denuncia penal presentada por la familia del fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano contra el exfiscal general Néstor Humberto Martínez.
La viuda de Pizano, Inés Elvira Ponce de León, y sus hijas acusan a Martínez de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, señalando que el exfiscal tuvo acceso a un iPad de Pizano con información clave sobre los sobornos en el contrato de la Ruta del Sol II.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
La denuncia contra el exfiscal y el iPad perdido
La relación entre Pizano y Martínez no era nueva. Antes de asumir la Fiscalía General, Martínez ya conocía las irregularidades en la Ruta del Sol II gracias a las advertencias de Pizano, que había sido auditor del contrato. En 2018, poco después de la muerte de Pizano, su familia entregó un iPad a Martínez con la esperanza de que se usara para esclarecer los hechos y demostrar la inocencia del ingeniero.
No obstante, años después, un peritaje forense reveló que la mayor parte del contenido del dispositivo había sido borrado, dejando solo una grabación de 2017.
Ante estas revelaciones, la familia de Pizano interpuso la denuncia penal contra Martínez, acusándolo de haber ocultado información clave para el proceso judicial sobre los sobornos de Odebrecht. La acusación fue respaldada por el abogado Miguel Ángel Del Río, que representa a los denunciantes y quien recientemente hizo pública una prueba crucial en este caso.
Una carta como prueba clave en el caso
Miguel Ángel Del Río reveló una carta enviada por Jorge Enrique Pizano a Néstor Humberto Martínez el 27 de agosto de 2018, en la que solicitaba medidas urgentes de seguridad para él y su familia. En la misiva, Pizano se dirigía directamente al entonces fiscal general expresando su preocupación por su seguridad, especialmente tras haber denunciado las irregularidades en la Ruta del Sol II. “Me dirijo a Usted, Señor Fiscal General de la Nación de manera extremadamente urgente y bajo el amparo de las garantías constitucionales que me cobijan, para que sea su despacho quien ordene directamente medidas de seguridad física para mí y mi familia”, escribió Pizano.
Pizano relató que, tras solicitar protección a la Fiscalía 80, le informaron que la decisión recaía en la Fiscalía General. “La dirección de protección personalmente me indicó el día 23 de agosto de 2018 que no se me daría protección física alguna, ya que el programa no lo ofrece y que es potestad del Fiscal General de la Nación acceder o no a esta solicitud”, indicó.
Dos meses después, el 8 de noviembre de 2018, Pizano falleció en circunstancias sospechosas. Según el informe oficial, murió de un infarto, pero posteriormente se reveló que ingirió agua contaminada con cianuro. Tres días después, su hijo también murió al beber de la misma botella.
“Es un refrito absolutamente falso”: Néstor Humberto Martínez
Ante la denuncia y la revelación de la carta, Néstor Humberto Martínez se defendió públicamente, calificando los señalamientos en su contra como “un refrito absolutamente falso”. “La única denuncia que realmente hay es la que yo presenté ante la Fiscalía General de la Nación contra el señor Miguel Ángel Del Río en noviembre de 2023 por fraude procesal”, declaró Martínez.
El exfiscal argumentó que la base de la denuncia de Del Río es un peritaje forense que supuestamente demostraba la manipulación del iPad, pero indicó que los autores del informe, los expolicías Jefferson Fabián Tocarruncho Parra y Wadith Miguel Velásquez García, declararon bajo juramento que no eran peritos y que no podían certificar que se hubieran borrado archivos ni señalar a Martínez como responsable.
“Ese es el fraude procesal en que incurrió el señor Del Río. Mentiras, mentiras y mentiras”, concluyó Martínez, desestimando cualquier implicación en el caso, que sigue en investigación y la denuncia contra Martínez podría derivar en nuevas diligencias judiciales. Entretanto, la muerte de Pizano y las circunstancias que la rodearon continúan siendo objeto de debate y controversia en el país.