El narcotraficante santandereano Óscar Camargo, conocido como alias Pichi y señalado como uno de los criminales más buscados de Colombia, cumple su condena en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá.
Camargo fue recapturado el pasado 9 de diciembre en el municipio de Copacabana, Antioquia, tras haberse fugado de su vivienda donde cumplía prisión domiciliaria. Su detención ha llevado a las autoridades penitenciarias a implementar estrictas medidas de seguridad para evitar nuevos intentos de fuga o actividades delictivas desde el interior del penal.
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De acuerdo con el director nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Gutiérrez, alias Pichi se encuentra bajo un régimen de vigilancia reforzada. Estas medidas incluyen videovigilancia constante y revisiones periódicas realizadas por el personal penitenciario.
Gutiérrez enfatizó que el narcotraficante no cuenta con ningún tipo de privilegio y que se encuentra en un pabellón de máxima seguridad, como cualquier otro interno considerado prioritario por su perfil criminal.

“Él está con condiciones especiales de seguridad, videovigilancia, revistas permanentes de nuestros servidores penitenciarios, sin ningún privilegio, pero con todas las medidas de seguridad”, declaró el coronel Gutiérrez en declaraciones a Caracol Radio.
Además, el funcionario subrayó que Camargo no tiene acceso a beneficios penitenciarios y que su reclusión está diseñada para minimizar cualquier posibilidad de que continúe delinquiendo desde la cárcel.
Alias Pichi permanece recluido en una celda ubicada en el patio de máxima seguridad de la prisión de Cómbita. El espacio donde cumple su condena está equipado únicamente con lo esencial para su subsistencia: una cama, un baño dentro de la celda y los alimentos necesarios. Estas condiciones buscan garantizar que el interno no disponga de comodidades adicionales que puedan interpretarse como privilegios.
La decisión de mantener a Camargo en un entorno tan controlado responde a su historial delictivo y a su capacidad para liderar actividades criminales, incluso desde la reclusión. Según las autoridades, alias ‘Pichi’ era el líder de las bandas criminales San Rafa y Los Colosos, organizaciones dedicadas al narcotráfico que operaban en el área metropolitana de Bucaramanga y en Medellín.

Estas estructuras delictivas le permitieron consolidar su influencia en el mundo del crimen organizado, lo que llevó a las autoridades a compararlo con el tristemente célebre narcotraficante Pablo Escobar.
Alias ‘Pichi’ se había establecido en Medellín para evadir a las autoridades, pero su captura en diciembre marcó un punto de inflexión en los esfuerzos por desarticular sus redes criminales. Su fuga de la prisión domiciliaria había encendido las alarmas de las autoridades, que intensificaron los operativos para localizarlo y garantizar su reclusión en un centro penitenciario de máxima seguridad.
El caso de Óscar Camargo pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario colombiano para manejar a internos de alto perfil. La implementación de medidas de seguridad como las descritas por el coronel Gutiérrez refleja la necesidad de prevenir que figuras como alias ‘Pichi’ utilicen su posición para continuar delinquiendo desde la cárcel.
El 11 de diciembre del 2024, Pichi, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá, según informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El traslado de Camargo Ríos se llevó a cabo en helicóptero y estuvo acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó a agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). En las imágenes difundidas, se observa al detenido rodeado por un numeroso grupo de uniformados, lo que refleja la alta peligrosidad que las autoridades atribuyen al capturado.
La captura y posterior traslado de alias Pichi representa un duro golpe para las estructuras de microtráfico en Bucaramanga, una ciudad que ha enfrentado un incremento en los índices de criminalidad asociados al narcotráfico. Este tipo de operaciones, según las autoridades, no solo buscan desarticular las redes de distribución de drogas, sino también enviar un mensaje contundente a otros líderes criminales sobre la capacidad del Estado para enfrentarlos
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