El 30 de septiembre de 2024, Víctor Hugo Morales Vargas salió temprano de su apartamento en Suba para recoger a su sobrino, Juan Diego Orjuela, y a la esposa de este, Jenny Buitrago, en el barrio Galán.
Su destino era San Andresito de la 38, donde, según su familia, cerrarían un negocio del cual no se tienen detalles. Sin embargo, desde las 8:30 a. m. de aquel día, sus teléfonos dejaron de responder, y desde entonces, no se ha sabido nada de ellos.
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Seis meses después, la Fiscalía General de la Nación y la Sijín continúan con la investigación, sin que hasta el momento haya avances significativos. Para Eduardo Morales Riveros, hijo de Víctor, la falta de respuestas ha convertido la incertidumbre en una carga insoportable.
“No puede ser que a mi papá y a sus familiares se los haya tragado la tierra”, dice con desesperación al medio El Tiempo, señalando que las autoridades no han brindado pistas sobre el paradero de los desaparecidos ni del vehículo en el que se movilizaban, una Renault Captur gris de placas FVR018.
La familia Morales Orjuela ha intentado obtener información de la fiscal encargada del caso, pero según Eduardo, han recibido un trato indiferente. “Siempre le contesta con tres piedras en la mano”, denuncia, lamentando la falta de empatía en un momento de dolor profundo para sus seres queridos.
A lo largo de estos meses, la Fiscalía ha ordenado diversas actividades de investigación y vinculado a tres personas al proceso.
No obstante, la familia sigue sin recibir noticias concretas sobre lo sucedido. Lo que más les sorprende es la aparente falta de registros en las cámaras de seguridad.
“¿Se pierde una Renault Captur en Bogotá y ninguna cámara registró nada? Es muy difícil de creer”, reclama Eduardo, quien también teme que indagar por su cuenta pueda ponerlos en peligro.
Víctor Hugo Morales Vargas, de 56 años, tiene antecedentes médicos preocupantes: hace tres años sufrió una fractura en la tibia y el peroné, y tras varias cirugías fallidas, sufre de dolores constantes en la pierna.
“Me preocupa mucho su estado de salud”, comenta su hijo, subrayando que cualquier pista, por mínima que sea, sería un alivio en medio de la incertidumbre.
Datos de desaparecidos en Bogotá y Colombia
El caso de la familia Morales no es un hecho aislado. Según datos citados por el concejal David Saavedra y reportados por El Tiempo, las desapariciones en Bogotá han sido un fenómeno recurrente durante 2024.
Estas cifras, provenientes del Sistema de Información de la Red de Desaparecidos y Cadáveres, reflejan una problemática que afecta a numerosas familias en la capital colombiana, quienes enfrentan la misma incertidumbre y dolor que los Morales.
La falta de avances en las investigaciones y la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades han generado un clima de desconfianza y frustración entre los familiares de las personas desaparecidas. Este contexto pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y de garantizar un trato más humano y empático hacia las familias afectadas.
Colombia enfrenta un panorama alarmante con 144.033 desapariciones sin clasificar hasta el 7 de febrero, lo que dificulta su investigación y deja a miles de familias en incertidumbre. La falta de claridad sobre estos casos impide determinar si están relacionados con delitos, accidentes o fenómenos naturales, retrasando la acción de las autoridades.
Las desapariciones presuntamente forzadas suman 101.424 casos, evidenciando la persistencia del conflicto y la violencia en el país. Muchas de estas víctimas fueron privadas de su libertad por grupos armados ilegales o, en algunos casos, por agentes del Estado.
Otras categorías incluyen:
- Presunto reclutamiento ilícito: 2.494 casos, afectando a menores en zonas rurales y marginadas.
- Presunto secuestro: 432 casos, utilizados para obtener recursos o ejercer presión política.
- Desastres naturales: 355 casos, vinculados a inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos climáticos.
- Presunta trata de personas: 108 casos, con mujeres y menores como principales víctimas de explotación.
Las desapariciones sin clasificar, al representar la mayor proporción de los casos, subrayan la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de búsqueda y apoyo a las familias afectadas.
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