El Catatumbo registra en la actualidad una crisis social que explotó luego de que el ELN decidiera atacar a la población civil con el fin de asesinar a los firmantes de la paz que, según la guerrilla, seguían trabajando con las disidencias.
El Ejército de Liberación Nacional movilizó sus tropas desde Arauca para tener más presencia militar y así llevar a cabo una operación que tuvo como consecuencia el desplazamiento de más de 50.000 personas y el confinamiento de otras 20.000 en la región afectada, según el balance 11 del PMU de la Gobernación del Norte de Santander.
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Como medida de control, el Gobierno nacional decretó el Estado de conmoción interior mediante el decreto 062 de 2025, en el que se afirmó que era necesario para obtener dinero e invertirlo en acciones que ayudaran a la población afectada.
Aunque el Gobierno recibió múltiples críticas por parte de la oposición, otras voces en la política han estado de acuerdo con la medida, afirmando que es necesario intervenir para evitar más pérdidas humanas y establecer acciones que ayudaran a avanzar a la población de esta parte de la región.
Una de las voces que salió a defender la decisión del Gobierno Petro fue la representante María Fernanda Carrascal, que afirmó en su cuenta de X que la medida excepcional buscaba atender a los miles de afectados. Cabe destacar que, la congresista integra la Comisión Accidental de Conmoción Interior del Congreso.
En la publicación publicada en la tarde del 6 de febrero de 2025, indicó que era obligación del Estado proteger a los afectados y trabajar en políticas públicas que permitieran a la región avanzar y no seguir siendo blanco de control por parte de grupos criminales.
Por esta razón, indicó que el Gobierno no podía quedarse quieto: “Este decreto se trata de una medida excepcional necesaria para proteger a miles de personas que hoy enfrentan violencia, desplazamiento y amenazas constantes. ¡Más de 70.000 personas han sido afectadas en la región! El Estado tiene la obligación de protegerlas y garantizarles condiciones de vida dignas. La inacción no es una opción”.
También defendió el decreto firmado por el presidente, afirmando que está dentro de toda legalidad, puesto que sigue las directrices de la Constitución con el fin de recuperar el orden: “Este decreto cumple con la Constitución. No es arbitrario ni desproporcionado. Se basa en el artículo 213 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Está motivado, tiene límites claros y busca restablecer el orden público”.
Posteriormente, la congresista recordó que el Estado ha intentado firmar la paz con el Ejército de Liberación Nacional; sin embargo, el grupo armado ha tomado la vía de las armas, razón por la que los Gobiernos han tomado la determinación de llevar a cabo operaciones para controlar la situación: “Colombia ha intentado negociar con el ELN en varios gobiernos, pero cuando el grupo armado elige la guerra, el Estado debe actuar para defender a la ciudadanía”.
Asimismo, criticó a todos aquellos que estaban aprovechando la crisis para, no solo, ir contra el presidente, sino para hacer campaña, puesto que como líderes debía primar la seguridad de los habitantes de la región antes que cualquier otro interés: “La instrumentalización política de la crisis no ayuda. Defender la vida y la seguridad de los y las colombianas debe ser un compromiso de todos”.
Por otra parte, afirmó que tomar las riendas de la situación no significaba directamente generar más conflicto, sino que el Gobierno nacional tomó la decisión de proteger a los colombianos y restablecer sus derechos: “Enfrentar esta crisis no significa más guerra, sino un cambio de enfoque: atacar las causas estructurales del conflicto, proteger a la población y garantizar derechos”.
Finalmente, apuntó contra las críticas que afirman que Petro tomó el decreto como un capricho y dijo que la decisión del primer mandatario se basó en las necesidades del país: “El Decreto 062 de 2025 no es un capricho, es un deber del Estado. La paz solo será real si las comunidades pueden vivir sin miedo”.