El Consejo Nacional Electoral (CNE) ajustó los límites financieros que los candidatos presidenciales podrán destinar a sus campañas en las elecciones de 2026, conforme a lo establecido en la Ley 996 de 2005 y otras normativas que regulan el financiamiento electoral.
Esta resolución es fundamental en cuanto a la transparencia y el control de los gastos en los comicios presidenciales, con los que se podrán garantizar que no se sobrepasen los topes establecidos ni se afecte la equidad entre los candidatos, lo cual es un delito en el país.
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Estos son los montos para las presidenciales de 2026
A través de la Resolución N°: 00204 DE 2025, el CNE dispuso que para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, el tope máximo de gastos será de $37.110.502.954 (treinta y siete mil ciento diez millones quinientos dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos colombianos).
Este monto incluye tanto los recursos aportados por el Estado como los que provienen de los aportes privados, lo cual es una característica clave del sistema de financiación electoral en Colombia.
En caso de que se celebre una segunda vuelta, el CNE fijó un nuevo tope de gasto para los candidatos que participen en esa instancia, el cual será de $17.357.787.485 (diecisiete mil trescientos cincuenta y siete millones setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos).
Aportes estatales y anticipos
El CNE también especificó los aportes estatales a las campañas, los cuales se distribuyen tanto en anticipos como en reposición por votos válidos obtenidos en las elecciones.
Para la primera vuelta, los candidatos podrán acceder a $10.104.098.027 (diez mil ciento cuatro millones noventa y ocho mil veintisiete pesos) en anticipos, los cuales estarán destinados a cubrir principalmente los gastos de propaganda política.
De esta suma, $6.934.184.921 se destinarán a la financiación de la propaganda política, mientras que el saldo restante, $3.169.913.106, se empleará para otros gastos de la campaña.
Para los candidatos que lleguen a la segunda vuelta, el monto de los anticipos será de $6.067.411.806 (seis mil sesenta y siete millones cuatrocientos once mil ochocientos seis pesos).
De esta cantidad, el 50% se podrá destinar a gastos de propaganda política, mientras que el resto cubrirá otros rubros relacionados con la campaña.
Reposición por votos válidos
Además de los aportes estatales, los candidatos podrán recibir una reposición por cada voto válido que obtengan.
Esta reposición es una medida destinada a garantizar que los recursos que los candidatos reciben del Estado se distribuyan de manera equitativa, dependiendo del apoyo popular recibido.
Para la primera vuelta, la reposición será de $4.225 por voto válido, mientras que en la segunda vuelta, si la hubiere, el monto se reducirá a $2.109 por voto; sin embargo, los candidatos que no reciban anticipos de financiación estatal podrán recibir una reposición mayor: $8.613 por voto válido en la primera vuelta.
Prohibición de aportes ilegales
Una de las disposiciones clave de la resolución del CNE es la prohibición de recibir aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras, así como de cualquier tipo de financiación privada que tenga fines antidemocráticos o que atente contra el orden público.
Además, los partidos políticos y los candidatos deberán rendir cuentas de la procedencia y el destino de los recursos obtenidos para sus campañas, promoviendo la transparencia y la legalidad.
Un sistema de financiación dual
El sistema de financiación de las campañas presidenciales en Colombia es dual, ya que combina recursos estatales y privados.
Según la ley, hasta el 20% del monto total del tope de campaña puede ser financiado por aportes privados de personas naturales; no obstante, los aportes individuales no podrán superar el 2% del monto fijado como tope de campaña por candidato.
Además, las contribuciones de familiares cercanos del candidato no podrán exceder el 4% del total.
De acuerdo con el CNE, este sistema busca mantener un equilibrio entre la financiación pública y privada con un enfoque claro en que el Estado sea el principal financiador de las campañas presidenciales.
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