La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo condenatorio contra el exgobernador del Chocó Efrén Palacios Serna, tras hallarlo responsable de encabezar una red de corrupción que despojó a la población más vulnerable de recursos públicos destinados a la compra de medicamentos.
La sentencia, que se hará oficial en los próximos días, expone un entramado de contratos ficticios que permitieron el saqueo de 1.600 millones de pesos.
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Corrupción disfrazada de ayuda humanitaria
El expediente de 127 páginas de la Sala de Primera Instancia revela que Palacios, que asumió como gobernador en diciembre de 2013, operó con el respaldo de su secretario de salud, Guillermo Verhelst Cruz, y otros funcionarios. Su estrategia consistió en la adjudicación de contratos fraudulentos a farmacias seleccionadas para simular la entrega de medicamentos a poblaciones necesitadas. Sin embargo, el verdadero objetivo era apropiarse del dinero y distribuirlo entre los involucrados, bajo el pretexto de “legalizar un lote” de medicinas provenientes de Medellín.
Guillermo Verhelst, que fue pieza clave en la investigación, confesó ante el alto tribunal que accedió a participar en la trama tras una petición directa de Palacios, con la promesa de mantenerlo en el cargo. “La lista de los contratistas y sus farmacias a las que se le debía adjudicar los contratos [...] fue entregada por el propio exgobernador Efrén Palacios Serna”, detalló Verhelst, subrayando que estos acuerdos nunca tuvieron la intención de suministrar medicamentos.
El fallo judicial señala que los documentos contractuales fueron fechados erróneamente para encubrir la operación fraudulenta: “La Sala estima preciso recordar que el testigo en mención fue expreso en indicar que pese a que los documentos contractuales ostentan como fecha de elaboración el año 2013, en realidad fueron suscritos en enero del 2014, conforme la lista de contratistas entregada por Efrén Palacios Serna”, se lee en el fallo.
Un desfalco sin justificación ni registros
Uno de los hallazgos más alarmantes es que la población supuestamente beneficiaria nunca fue identificada ni determinada, y los contratos fueron firmados sin justificaciones ni estudios previos. “Conforme fue aclarado por él mismo (Verhelst), la elaboración de tales documentos constituyó apenas una formalidad en orden a lograr la finalidad última de apropiación de los recursos, y no un mecanismo legítimo de la administración departamental”, subraya el fallo de la Corte Suprema.
El fraude alcanzó tal magnitud que los contratos no fueron incluidos en los archivos oficiales de la Gobernación del Chocó. Además, los mismos “contratistas” admitieron que nunca suministraron los medicamentos y que, tras recibir el dinero, debían transferirlo a los funcionarios, según instrucciones de Palacios. Uno de ellos, Jaime Arturo Herrera, de la Droguería La 20, declaró que “no entregó ningún medicamento y solo recibió el dinero producto del contrato, que posteriormente fue traspasado a los servidores públicos involucrados”.
La Corte Suprema concluyó que Efrén Palacios fue “el cerebro y líder de todo el proceso contractual espurio, especialmente diseñado en orden a la apropiación ilícita de los dineros oficiales”. Según los testimonios recabados, “él sabía todo de ese contrato, él sabía todas esas contrataciones de las droguerías como cabeza visible de ese entonces”.
La Fiscalía General de la Nación solicitó que Palacios sea enviado a prisión debido a la gravedad de los hechos y la intención dolosa con la que se ejecutó el desfalco. Además, el exgobernador enfrenta otros procesos judiciales en la Corte Suprema por presuntas irregularidades en contratos.
La fecha para la lectura de la sentencia se definirá la próxima semana. Con esta decisión, la justicia colombiana busca reforzar el precedente contra la corrupción en la administración pública y garantizar que los recursos destinados a los sectores más vulnerables sean utilizados de manera transparente.
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