El Banco de Bogotá ha emitido una advertencia preocupante sobre las finanzas públicas de Colombia para el 2025.
Según las estimaciones de la entidad, el Gobierno nacional no logrará alcanzar la meta de recaudo tributario establecida en el Presupuesto General de la Nación. De acuerdo con las cifras proyectadas, el Estado recaudaría un total de $279 billones, lo que representa un déficit de $30 billones frente a lo estipulado en el presupuesto oficial.
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El medio Diario La República informó que esta brecha entre las metas fiscales y los ingresos esperados podría tener implicaciones significativas para la economía del país. El Presupuesto General de la Nación, que establece los recursos necesarios para financiar los programas y proyectos del Gobierno, se diseñó con la expectativa de un mayor ingreso tributario.
Sin embargo, las proyecciones del Banco de Bogotá sugieren que los ingresos fiscales estarán muy por debajo de lo planeado, lo que podría generar tensiones en la ejecución de políticas públicas y en la estabilidad financiera del país.
El cálculo de $279 billones en recaudo tributario refleja un panorama menos optimista para las finanzas públicas en comparación con las metas oficiales. Este déficit proyectado pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el Gobierno para cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos, especialmente en un contexto económico que podría estar marcado por la desaceleración o por dificultades en la implementación de reformas fiscales.
Esta situación podría obligar al Gobierno a buscar alternativas para compensar el déficit, según el medio mencionado. Entre las opciones posibles se encuentran la emisión de deuda, la reducción de gastos o la implementación de medidas adicionales para aumentar los ingresos tributarios.
Sin embargo, cada una de estas alternativas conlleva riesgos y desafíos que podrían impactar tanto en la economía como en la percepción de los mercados internacionales sobre la estabilidad fiscal de Colombia.
La baja ejecución presupuestal remarca disparidades en los ministerios
El Ministerio de Hacienda reveló un informe que expone marcadas diferencias en la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) durante el año 2024.
Entre los datos más destacados, se encuentra el bajo nivel de desembolso de recursos por parte de la Presidencia de la República y el Ministerio del Deporte, que registraron ejecuciones del 27,7 % y 36 %, respectivamente.
Estas cifras contrastan con sectores como Educación y Salud, que lograron ejecutar más del 90 % de los recursos asignados. El balance fue presentado el 6 de febrero de 2025, dejando en evidencia disparidades significativas en la gestión de los fondos públicos.
El presupuesto aprobado inicialmente para 2024 ascendía a 502 billones de pesos colombianos (aproximadamente 125.000 millones de dólares), pero fue ajustado a 475.2 billones de pesos (118.000 millones de dólares) tras medidas fiscales implementadas en 2023. Según el Ministerio de Hacienda, esta reducción, equivalente al 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB), fue necesaria para cumplir con la Regla Fiscal establecida para ese año. A pesar de estos ajustes, la ejecución total del presupuesto ajustado alcanzó solo el 83%, lo que equivale a 394.7 billones de pesos (98.000 millones de dólares).
El informe detalla que, de los 475.2 billones de pesos aprobados tras los ajustes, se comprometieron 456,5 billones de pesos (96% del total). Sin embargo, la ejecución efectiva fue considerablemente menor, situándose en el 78.6% si se toma como referencia el presupuesto inicial. Según el diario económico La República, esta diferencia refleja una brecha importante entre la planificación y la implementación de los recursos.
Los sectores con mayor ejecución presupuestal fueron Educación, con un 96.4%; Salud y Protección Social, con un 94%; la Fiscalía General de la Nación, con un 92.8%; y Relaciones Exteriores, con un 91.3%.
En el otro extremo, además de la Presidencia y el Ministerio del Deporte, se encuentran Agricultura, con un 38.6%, y Transporte, con un 42.5%. Estas cifras evidencian una disparidad significativa en la capacidad de gestión entre las distintas entidades gubernamentales.
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