Caso Nicolás Petro: Fiscalía decidió no incluir al hijo del presidente en el programa de protección, pese a amenazas en su contra

La Fiscalía General de la Nación decidió no vincular a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, al programa de protección de testigos, a pesar de las amenazas de muerte que él y su familia han recibido. Esta decisión se conoció a través de un documento oficial firmado por el propio ente acusador y revelado por la revista Semana.

Petro Burgos enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras ser acusado de haber aumentado su patrimonio en más de 1.053 millones de pesos sin justificación. Ante la gravedad de las amenazas denunciadas por su defensa, la Fiscalía abrió una investigación y, según el documento revelado, realizó intentos por contactarlo sin éxito.

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Según la resolución, se llevó a cabo un análisis de la situación de riesgo y se intentó ubicar al exdiputado para formalizar su inscripción en el programa de protección. “Para atender la solicitud se generó la Misión de Trabajo, tendiente a evaluar los factores de amenaza y riesgo, y establecer la idoneidad, importancia y efectividad de la colaboración prestada por la persona en cita, respecto al proceso penal, así como los requisitos dispuestos en el artículo 43 de la Resolución 0-0205 de 2024″, precisa el documento conocido por el medio citado.

Pese a estos esfuerzos, la Fiscalía determinó que Petro Burgos no confirmó su intención de ingresar al programa. “De acuerdo con el informe de Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo del 13 de enero de 2025, con el fin de formalizar la presentación del Programa de Protección y Asistencia y escuchar al candidato a medidas de protección, la Sección de Investigaciones y Evaluaciones adelantó las gestiones pertinentes para contactarlo”, sostiene la resolución.

La Dirección de Protección de la Fiscalía aseguró que intentó establecer comunicación con el hijo del presidente a través de distintos medios, incluyendo llamadas telefónicas y mensajes: “Se envió mensaje al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, en el que se dio a conocer el inicio de la presente reevaluación técnica de amenaza y riesgo adelantada en su favor, y solicitando se comunicara con la suscrita funcionaria para coordinar el desarrollo de las diferentes actividades requeridas”.

Sin embargo, el ente acusador indicó que no obtuvo respuesta: “Reportado en evaluación técnica de amenaza y riesgo realizada en septiembre de 2023, en el que nuevamente se dio a conocer la revaluación técnica de amenaza y riesgo adelantada en su favor y solicitando información respecto de datos de contacto, a efectos de efectuar las diferentes labores requeridas en la presente Misión de Trabajo. Sin obtener respuesta”, detalló el documento.

En paralelo a la situación de seguridad, el abogado de Petro Burgos presentó una solicitud ante el juez 13 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla para revocar la medida de aseguramiento que le fue impuesta en agosto de 2023. Su defensa argumentó que las amenazas en su contra justifican medidas alternativas que garanticen su seguridad sin necesidad de mantener su restricción de movilidad. Como alternativas, se propuso la limitación de su salida del país con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades o la libertad total.

Sin embargo, la Fiscalía, encabezada por Lucy Laborde, y la Procuraduría General de la Nación se opusieron a esta petición, lo que llevó a que la jueza del caso postergara la decisión para el 20 de febrero de 2025. Esta fecha será crucial, pues en ella se determinará si se mantiene la medida de aseguramiento o si se le otorgan beneficios de movilidad dentro del territorio nacional.