El exparamilitar Salvatore Mancuso Gómez ha recibido una nueva medida de aseguramiento en el marco del proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla decidió sustituirla por una medida no privativa de la libertad.
Esta decisión también afecta a 18 de los procesados, quienes enfrentan cargos por delitos graves como homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, reclutamiento ilícito y falsificación de documentos relacionados con el tráfico de armas.
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Estos crímenes afectaron a unas 3.300 víctimas en diversas regiones, incluyendo Córdoba, Antioquia, Santander y Norte de Santander.
El Tribunal Superior de Barranquilla, encargado del caso, también ordenó que Salvatore Mancuso participe de manera remota en las audiencias judiciales, dado que se han cancelado previamente cinco sesiones por alegados problemas de salud.
A partir de esta decisión, Mancuso podrá asistir de manera virtual, con la condición de mantener su cámara apagada después de su intervención inicial. La Sala de Justicia y Paz subrayó que Mancuso deberá cumplir con las audiencias, aun en medio de sus alegadas afectaciones de salud, ya que no se ha comprobado que su estado requiera hospitalización o haya puesto en riesgo su capacidad de asistir a los procesos judiciales.
En caso de que Mancuso incumpla con esta obligación, el Tribunal advirtió que se declarará inviable la respectiva imputación, con las sanciones legales correspondientes para aquellos que no cumplan con los compromisos de sometimiento.
La autorización para que Salvatore Mancuso identificara bienes de las AUC no se concretó por falta de planeación
Además de esta medida, otro procedimiento clave dentro del proceso de reparación a las víctimas se encuentra en el limbo. En octubre de 2023, la sala penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla había autorizado a Mancuso a realizar un recorrido por la región Caribe para identificar bienes que habían pertenecido a las AUC.
Estos bienes podrían ser destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado, lo que sería un avance importante en el proceso de verdad y justicia. Sin embargo, esta autorización nunca se materializó debido a la falta de cumplimiento de los requisitos por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Según el magistrado Carlos Pérez, quien emitió el auto relacionado con la autorización, la falta de un cronograma detallado y un listado de bienes por parte de la ANT impidió que se llevara a cabo el recorrido previsto para los meses de noviembre de 2024 a enero de 2025.
El Tribunal subrayó que, sin estos documentos, no se podía ejecutar las visitas a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, territorios que fueron fuertemente afectados por la presencia de las AUC.
La ANT, dirigida por Felipe Harman, había solicitado al Tribunal que no se prorrogara la autorización de Mancuso para realizar las visitas, debido a la falta de planificación y a la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el auto.
Sin embargo, el magistrado Pérez aclaró que la decisión sobre una posible prórroga era irrelevante, pues la autorización inicial nunca se ejecutó. De acuerdo con el auto, la ANT no presentó ni el cronograma ni el listado de bienes necesarios para llevar a cabo las visitas, lo que imposibilitó que se cumpliera con lo estipulado en el auto 618 de 2024, que habilitaba las visitas de Mancuso a los territorios mencionados.
El auto 640 de 2024, que regulaba las condiciones para estas visitas, indicaba que la ANT debía elaborar un plan detallado utilizando tanto los datos que poseía como la información proporcionada por Mancuso.
Este plan debía ser elaborado en colaboración entre ambas partes, pero según el Tribunal, esta planificación nunca se realizó. Como resultado, el procedimiento clave para identificar bienes relacionados con las AUC y, de ser posible, destinarlos a la reparación de las víctimas, se encuentra suspendido.
La falta de coordinación entre las entidades involucradas, como la ANT y el Tribunal, ha puesto en peligro este importante paso en el proceso de reparación y esclarecimiento de los hechos del conflicto armado.
La ANT, por su parte, ha informado que su equipo jurídico está revisando el auto 013 de 2025 para determinar qué ocurrió con el incumplimiento de las visitas autorizadas y cómo se puede avanzar en este aspecto del proceso de justicia.
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