La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, radicó un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud y Protección Social, dirigido por Guillermo Alfonso Jaramillo, debido al presunto incumplimiento de un fallo de tutela que ordenaba la determinación y publicación del cálculo del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025.
Esta decisión se conoce tras la falta de acción por parte del ministerio frente a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en torno a la suficiencia de los recursos destinados al sistema de salud.
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Incumplimiento del fallo de la Corte Constitucional
La polémica surgió luego de que la Corte Constitucional dictó un fallo, el 20 de enero de 2025, en el cual señaló que el Ministerio de Salud no había cumplido con las instrucciones dadas en el Auto 411 de 2016. En este fallo, se había ordenado que el Ministerio debía equiparar el valor de la UPC del régimen subsidiado con el del régimen contributivo, y reiteró que el Ministerio debía realizar esta equiparación hasta que se demostrara la suficiencia de la UPC, un aspecto clave para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud en el país.
“Se mantiene el retroceso en la orden de equiparar el valor de la UPC del régimen subsidiado en un 95 % al valor de la UPC del régimen contributivo, pues desde 2022 las primas para ambos regímenes cuentan con una diferencia de 13,02 %. Con ello, se incumple lo ordenado en el Auto 411 de 2016, en razón a que el Ministerio debía realizar dicha equiparación hasta que no demostrara la suficiencia de la UPC”, expresó el alto tribunal en su fallo del 20 de enero de 2025.
Ante este incumplimiento, Pedraza decidió tomar acciones legales, argumentando que el Ministerio de Salud no ha presentado los cálculos correspondientes sobre el incremento de la UPC para el año 2025, lo que deja en el aire la viabilidad de un sistema de salud sostenible para millones de colombianos.
En su respuesta a la tutela presentada por la congresista Pedraza, el Ministerio de Salud sostuvo que no está obligado a elaborar y presentar los detalles específicos del cálculo del incremento de la UPC, una postura que ha sido rechazada por la representante. Según Pedraza, este tipo de respuestas dilatorias solo empeoran la situación de un sistema de salud que enfrenta grandes desafíos de financiación.
En el incidente de desacato radicado por la congresista y conocido por Semana, se solicitó a la cartera del Gobierno que exponga sus consideraciones sobre el cumplimiento del fallo y que aporte las pruebas correspondientes para justificar la falta de acción. “El Ministerio debe dar cuentas claras y documentadas sobre su cumplimiento de la sentencia y sobre los cálculos de la UPC, lo que es fundamental para que el sistema de salud funcione adecuadamente”, declaró Pedraza.
Otras órdenes de la Corte Constitucional
Además de la orden de determinar el cálculo de la UPC, la Corte Constitucional también había emitido otras órdenes importantes al Ministerio de Salud dentro del marco de la Sentencia T-760 de 2008. Entre las principales disposiciones están:
- El pago de los presupuestos máximos reconocidos para los periodos de julio a octubre de 2024.
- El reconocimiento y pago de los presupuestos máximos correspondientes a noviembre y diciembre de 2024, con plazo hasta el 30 de enero de 2025.
- El pago oportuno de los presupuestos máximos de cada mes de 2025 dentro de los primeros 15 días de cada periodo, con el pago de enero y febrero fijado para los últimos días de febrero de 2025.
- La transferencia de los recursos necesarios por parte del Ministerio de Hacienda para garantizar el cumplimiento de los pagos.
El alto tribunal también subrayó que la demora en el pago de estos recursos y la falta de implementación de medidas para superar la insuficiencia de los recursos pone en riesgo la estabilidad financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y, lo más grave, amenaza el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
El incidente de desacato radicado por la congresista Pedraza pone nuevamente sobre la mesa la urgente necesidad de garantizar que los recursos destinados a la salud sean suficientes y adecuados para cubrir las necesidades del sistema. Mientras tanto, los colombianos continúan esperando una solución efectiva a los problemas que aquejan a la salud pública en el país.
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