Tribunal Superior de Bogotá decidirá si chuzadas a expresidente Álvaro Uribe podrán ser utilizadas como pruebas clave en su contra

El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal enfrenta un momento crucial este martes 4 de febrero.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá determinará cuáles pruebas documentales, testimoniales y técnicas serán admitidas de manera definitiva en este caso, que ha captado la atención nacional e internacional.

La defensa del exmandatario ha solicitado la exclusión de varias pruebas, argumentando que fueron obtenidas de manera irregular y vulneran derechos fundamentales, según lo informó Semana.

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Entre las pruebas más controvertidas se encuentran 28 interceptaciones telefónicas realizadas en 2018 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las que se escuchaba al entonces senador Uribe conversando con su abogado Diego Cadena Ramírez.

Estas grabaciones, según el medio, fueron determinantes para que en agosto de 2020 la Corte Suprema ordenara una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el expresidente, al considerar que podría interferir en el desarrollo de la investigación.

Sin embargo, la defensa de Uribe, liderada por el abogado penalista Jaime Granados Peña, sostiene que estas interceptaciones fueron realizadas “por error” y que su inclusión en el proceso constituye una violación al debido proceso.

Las interceptaciones telefónicas se originaron en el marco de una investigación contra el congresista Nilton Córdoba, pero el número telefónico del expresidente fue incluido por equivocación, de acuerdo con Semana. Desde la primera llamada interceptada, en la que Uribe se identifica claramente, quedó en evidencia que no se trataba del parlamentario investigado.

Según el testimonio de Óscar Álvarez, analista del CTI encargado de realizar las escuchas, él desconocía inicialmente que el abonado correspondía al expresidente. Al percatarse del error, informó a sus superiores y a las autoridades competentes, pero las grabaciones continuaron y luego utilizadas en el proceso judicial.

La defensa de Uribe argumenta que estas interceptaciones no solo carecen de justificación legal, sino que también vulneran el secreto profesional entre abogado y cliente, ya que las conversaciones grabadas involucraban a su representante legal, Diego Cadena.

Jaime Granados ha insistido en que estas pruebas no pueden ser admitidas en juicio, porque su origen ilegal contraviene tanto la ley como la Constitución Política de Colombia. Además, el delegado del Ministerio Público, Bladimir Cuello, ha respaldado esta postura, subrayando la necesidad de respetar los derechos fundamentales del procesado.

Otro punto central en la apelación de la defensa se relaciona con dos relojes equipados con cámara y micrófono que fueron introducidos en la cárcel La Picota, donde se encontraba recluido el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado un testigo clave en el caso.

La defensa del expresidente ha cuestionado la cadena de custodia de la información obtenida a través de estos dispositivos, alegando que un informe pericial privado determinó que hubo manipulación y eliminación de evidencia.

A pesar de estos señalamientos, la jueza 44 de conocimiento rechazó los argumentos presentados por la defensa, al considerar que el informe pericial no fue debidamente justificado. Esta decisión ha llevado a la defensa de Uribe a acusar a la jueza de actuar con sesgo en contra del exmandatario, al avalar pruebas que, según ellos, violan principios constitucionales. Jaime Granados ha enfatizado que la presunción de inocencia debe ser respetada en todo momento, recordando que ninguna persona puede ser considerada culpable hasta que no sea vencida en juicio.

El caso contra Álvaro Uribe Vélez ha estado marcado por una serie de controversias legales y técnicas que han generado un intenso debate en Colombia. Según detalló Semana, la defensa del expresidente ha centrado sus esfuerzos en demostrar que varias de las pruebas presentadas en su contra carecen de validez jurídica, mientras que la Fiscalía y otras partes del proceso han defendido su inclusión como elementos clave para esclarecer los hechos.