El 3 de febrero de 2025, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comunicó en rueda de prensa que desde Washington, se había tomado la decisión de suspender los recursos que desde Usaid se envían a diferentes partes del mundo en apoyo a programas no militares.
La funcionaria atacó a los programas de diversidad de género y reproducción que maneja la agencia. Según dijo en la rueda de prensa: “Estas son algunas de las locas prioridades en las que esa organización ha estado gastando dinero. 1,5 billones de dólares para promover DEI en Serbia, USD $70.000 para la producción musical de DEI en Inglaterra y USD $47.000 para una ópera transgénero en Colombia”.
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Estos gastos han sido criticados por el Gobierno Trump que, luego de posesionarse el 20 de enero de 2025, ha recortado programas con el fin de redirigir recursos a intereses del país norteamericano en el actual mandato.
Este discurso ha generado preocupación en el país, porque una entidad que se ve afectada por la suspensión del apoyo de recursos es la Jurisdicción Especial para la Paz, que desde 2016, con la firma del acuerdo de paz, había tenido el apoyo de Estados Unidos por medio de Usaid.
Ante esta noticia, el actual presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, indicó que las funciones de la entidad se verían seriamente afectadas si el recurso no entraba, afirmando que las investigaciones en contra de exmiembros de las Farc no se podrían llevar a cabo.
La congresista del Centro Democrático Paloma Valencia criticó las palabras de Ramelli. En una entrevista para Semana, Valencia afirmó que no estaba de acuerdo con que, luego de ocho años de función, la JEP aún no condenara a ningún líder de las extintas Farc.
“Esto es la confirmación de lo que se ha dicho en muchas ocasiones sobre que este tribunal fue disañado para que las Farc firmaran con las garantías de que iban a quedar en impunidad. Al mismo tiempo, la JEP se ha convertido en el verdugo de la institucionalidad colombiana”.
La senadora también indicó que la jurisdicción se ha encargado de “perseguir salvajemente” a miembros de la Fuerza Pública y que no mide a los desmovilizados con la misma contundencia: “Los incentivos ridículos han llevando a confesiones falsas y a una cantidad de cosas que no son aceptables”.
Paloma Valencia afirmó que la JEP no ha dicho toda la verdad
La militante del Centro democrático criticó a la entidad de justicia y paz por no haber logrado, según su criterio, cumplir con los propósitos para los que fue creada, apuntando a que no se ha hecho justicia y que en cambio varios exguerrilleros han llegado, incluso, al Congreso de la República: ”Justicia no hemos visto porque los integrantes de las Farc terminaron en el Congreso, pero hay una cosa más grave: ¿Cuál ha sido el aporte que ha hecho la JEP a la verdad colombiana?”.
Por lo anterior, Valencia propuso en medio de la entrevista con el medio citado que los exguerrilleros fueran capturados y que desde la cárcel, mientras cumplían con su condena, pudieran realizar política y participando de la justicia para reparar a las víctimas.
“El país está esperando que haya sanciones ejemplarizantes, pero lo que pasa es que en el acuerdo se puso que no les van a apoder meter sanciones, porque esto no puede hacer incompatible su vida política. Entonces que les den permiso desde la cárcel para que puedan hacer presencia en el Congreso, pero que estén presos”, afirmó la senadora.
Finalmente, Paloma Valencia criticó a los acuerdos firmados en 2016, puesto que estos limitan las acciones de los magistrados del tribunal de paz: “Por más que quieran enviar a los exguerrilleros a la cárcel, están amarrados por el marco jurídico del acuerdo de paz”.
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