Más de 198.000 afiliados de Coosalud y Compensar fueron reasignados a nuevas EPS desde el 1 de febrero

Desde el 1 de febrero de 2025, un total de 198.000 usuarios de las EPS Coosalud y Compensar han sido reasignados a otras entidades prestadoras de salud, de acuerdo con información conocida ´por la emisora colombiana W Radio.

La decisión, tomada por el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y la Superintendencia Nacional de Salud, busca garantizar la continuidad de la atención para estos afiliados.

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Las personas trasladadas pueden verificar su nueva EPS a través del portal de Consulta de Afiliados. Además, se les recomienda a los cotizantes y responsables del grupo familiar actualizar su información con la entidad a la que fueron asignados para evitar interrupciones en la prestación de los servicios médicos.

Las EPS receptoras deben asegurar atención integral a todos los usuarios, con especial prioridad para pacientes con enfermedades de alto costo, mujeres embarazadas, personas hospitalizadas y aquellos con patologías crónicas. Quienes no estén conformes con la EPS que les fue asignada podrán solicitar un traslado a partir del 1 de abril de 2025.

En el caso de Coosalud, los afiliados en La Guajira fueron trasladados a diferentes entidades. La mayoría, 1.558 personas del régimen subsidiado, pasaron a EPS Familiar de Colombia, mientras que 132 usuarios del régimen contributivo fueron reasignados a Nueva EPS. Adicionalmente, Anas Wayuu EPSI recibió a 81 afiliados, de los cuales 75 pertenecen al régimen subsidiado y 6 al contributivo. Salud Total, por su parte, acogió a 43 afiliados. En total, 1.814 usuarios de esta EPS en el departamento fueron trasladados.

Para los afiliados de Compensar en 10 departamentos, la distribución fue más amplia. Coosalud recibió a 98.438 personas, convirtiéndose en la principal EPS de destino. Salud Total acogió a 59.260 afiliados, mientras que Nueva EPS asumió la atención de 17.550. Comfaoriente sumó a sus servicios 15.013 usuarios, mientras que Emssanar E.S.S. incorporó a 5.104.

Otras entidades que también recibieron afiliados fueron EPS Familiar de Colombia con 630, EPS Sanitas con 258, Asmet Salud con 140, Mallamas EPSI con 59, EPS S.O.S. con 10, Pijaos Salud EPSI con 8 y Cajacopi con 1. En total, fueron trasladados 196.471 usuarios en este grupo.

Las Secretarías de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud estarán a cargo de supervisar el cumplimiento de este proceso para garantizar la adecuada prestación del servicio a los usuarios.

El Ministerio de Salud solicitó a la Corte Constitucional una mayor claridad en las instrucciones impartidas sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), argumentando que la decisión judicial contiene elementos ambiguos y contradictorios que podrían generar problemas en la operatividad del sistema de salud y conflictos normativos.

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Recientemente, la Sala de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 emitió un auto en el que determinó que la UPC establecida para el 2024 resultó insuficiente, lo que ha derivado en un incumplimiento generalizado de las obligaciones relacionadas con la financiación del sistema de salud.

En el documento judicial, la Corte señaló que el Ministerio de Salud no ha aportado pruebas suficientes que demuestren la viabilidad del cálculo de la UPC y resaltó la necesidad de actualizar el mecanismo mediante el cual se define este valor, incorporando nuevas variables y revisando criterios como la siniestralidad, la inflación y otros factores económicos determinantes.

“La Corte concluyó que el Ministerio no ha demostrado la suficiencia de la UPC. La Sala encontró que el mecanismo para fijar la UPC requiere ser actualizado e incluir nuevas variables. Así mismo, es necesario revaluar la forma en que se incluyen algunos factores en el cálculo como la siniestralidad, la inflación, las destinaciones específicas y las inclusiones y el rezago existente en su valor”, se lee en el comunicado de la Corte.

Frente a este pronunciamiento, el Ministerio manifestó su preocupación por la falta de especificaciones en torno a la estructura y el funcionamiento de la mesa técnica de seguimiento que deberá encargarse de evaluar los ajustes en la UPC.

Según la cartera de Salud, aún no está claro quién presidirá dicho espacio, cómo se determinarán sus reglas de operación ni si será necesario someter su reglamentación a un proceso de consulta pública en el marco de la Ley 1437 de 2011.

Otro de los aspectos que genera inquietud es la metodología utilizada por la Corte para calcular la UPC y ordenar su reajuste.

El Ministerio ha expresado dudas sobre la viabilidad de basar esta corrección en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) definitivo, dado que este solo se conoce con posterioridad al cierre de cada vigencia fiscal.

A su juicio, este enfoque genera complicaciones contables y presupuestales, además de plantear la incertidumbre de si será necesario realizar pagos adicionales a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en los años siguientes para compensar los desajustes.