La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a partir del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno nacional y las extintas Farc en 2016, ahora enfrenta críticas por un presunto trato desigual hacia los miembros de la Fuerza Pública en comparación con los exguerrilleros.
En un escrito dirigido a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), el abogado y exmagistrado Néstor Raúl Correa Henao, quien se desempeñó como secretario ejecutivo de la JEP, expuso lo que considera un tratamiento discriminatorio hacia los miembros de la fuerza pública que se someten a este tribunal.
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Según su reflexión, esa justicia estaría favoreciendo a los excombatientes de las Farc mientras aplica sanciones más severas a los militares, lo que, en su opinión, constituye una violación al principio de igualdad.
Correa aseguró que la estructura de la JEP equipara los crímenes cometidos por los militares con los de las Farc, sugiriendo un peso similar en términos de culpabilidad.
Según el exsecretario, esta equivalencia sugiere que ambas partes son igualmente responsables, lo cual considera inexacto. Aunque reconoció que todo asesinato es reprochable, enfatizó que los uniformados habrían cometido un número mucho menor de homicidios en comparación con el extinto grupo guerrillero.
Correa citó cifras de la Comisión de la Verdad, que indican que las Farc fueron responsables del 21 % de los homicidios ocurridos en Colombia entre 1958 y 2018, de un total de 450.664 casos.
Según sus cálculos, esto equivaldría a cerca de 200.000 asesinatos en un periodo de cincuenta años. En contraste, señaló que en el “imaginario colectivo” los 6.402 casos de falsos positivos atribuidos a la fuerza pública son percibidos como más graves que los crímenes de la guerrilla.
“La Fuerza Pública es juzgada con una lógica absurda y severa y la guerrilla es juzgada con una lógica institucional y benévola. (...) En los procesos contra los oficiales de la Fuerza Pública la forma de razonar de la JEP suele ser la siguiente: Contexto del conflicto armado + patrones de macrocriminalidad + hechos ilícitos + mando = culpable”, escribió el exmagistrado
Correa argumentó que, paradójicamente, la fuerza pública, a la que se le atribuye la victoria en el conflicto armado tras la firma del acuerdo de paz, es castigada con mayor dureza en la JEP, mientras que los exguerrilleros reciben un trato más benévolo.
“El ejército ganador es castigado severamente en la JEP, mientras que el ejército perdedor es privilegiado en dicha jurisdicción. El mundo al revés”, expresó en su texto.
Además, criticó la narrativa que presenta a las Farc como moralmente superiores debido a sus supuestos motivos altruistas, calificando esta idea como inaceptable. Según Correa, esta percepción banaliza los numerosos y atroces crímenes cometidos por la guerrilla.
El exsecretario también señaló que las víctimas de las Farc enfrentan dificultades para participar en los procesos de la JEP. Según su análisis, muchas de estas víctimas han optado por no comparecer ante el tribunal debido a la falta de espacios adecuados para ellas.
Como ejemplo, mencionó el testimonio de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), que habría denunciado esta situación.
En contraste, Correa afirmó que las víctimas de los militares reciben un trato más cuidadoso, incluyendo talleres con psicólogos previos a las audiencias, lo que, según él, busca suavizar el impacto de los testimonios para los exguerrilleros.
En su reflexión final, Correa calificó el tratamiento de la JEP como “sesgado” e “ideologizado”, argumentando que el tribunal transicional no ha logrado garantizar un trato equitativo para todas las partes involucradas en el conflicto armado.