Ministerio de Salud le pidió claridad a la Corte Constitucional sobre pagos de las UPC a las EPS: “Esta medida plantea un problema de sincronización contable”

En la mañana del lunes 3 de enero el Ministerio de Salud solicitó a la Corte Constitucional una mayor claridad en las instrucciones impartidas sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), argumentando que la decisión judicial contiene elementos ambiguos y contradictorios que podrían generar problemas en la operatividad del sistema de salud y conflictos normativos.

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Recientemente, la Sala de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 emitió un auto en el que determinó que la UPC establecida para el 2024 resultó insuficiente, lo que ha derivado en un incumplimiento generalizado de las obligaciones relacionadas con la financiación del sistema de salud.

En el documento judicial, la Corte señaló que el Ministerio de Salud no ha aportado pruebas suficientes que demuestren la viabilidad del cálculo de la UPC y resaltó la necesidad de actualizar el mecanismo mediante el cual se define este valor, incorporando nuevas variables y revisando criterios como la siniestralidad, la inflación y otros factores económicos determinantes.

“La Corte concluyó que el Ministerio no ha demostrado la suficiencia de la UPC. La Sala encontró que el mecanismo para fijar la UPC requiere ser actualizado e incluir nuevas variables. Así mismo, es necesario revaluar la forma en que se incluyen algunos factores en el cálculo como la siniestralidad, la inflación, las destinaciones específicas y las inclusiones y el rezago existente en su valor”, se lee en el comunicado de la Corte.

Frente a este pronunciamiento, el Ministerio manifestó su preocupación por la falta de especificaciones en torno a la estructura y el funcionamiento de la mesa técnica de seguimiento que deberá encargarse de evaluar los ajustes en la UPC.

Según la cartera de Salud, aún no está claro quién presidirá dicho espacio, cómo se determinarán sus reglas de operación ni si será necesario someter su reglamentación a un proceso de consulta pública en el marco de la Ley 1437 de 2011.

Otro de los aspectos que genera inquietud es la metodología utilizada por la Corte para calcular la UPC y ordenar su reajuste.

El Ministerio ha expresado dudas sobre la viabilidad de basar esta corrección en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) definitivo, dado que este solo se conoce con posterioridad al cierre de cada vigencia fiscal.

A su juicio, este enfoque genera complicaciones contables y presupuestales, además de plantear la incertidumbre de si será necesario realizar pagos adicionales a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en los años siguientes para compensar los desajustes.

Un punto particularmente polémico es la decisión de la Corte de ordenar un reajuste de la UPC no solo para el 2024, sino también de forma retroactiva desde el año 2021. Para el Ministerio, esta directriz carece de una fundamentación técnica clara, por lo que ha solicitado a la Corte que explique con base en qué estudios determinó que existe un rezago en la UPC desde hace cuatro años.

Asimismo, cuestiona si la insuficiencia detectada corresponde a un déficit financiero, a problemas operativos o a costos específicos de atención médica.

“Se presentan dudas sobre la viabilidad del mecanismo de reajuste de la UPC, pues la mayoría de la sala ordena un ajuste con base en el IPC definitivo, el cual solo se conoce a posteriori. El Ministerio de Salud argumenta que esta medida plantea un problema de sincronización contable y presupuestal. Asimismo, en caso de que el reajuste deba aplicarse retroactivamente, la cartera se pregunta si se deberán realizar pagos adicionales a EPS en los años siguientes”, se lee en el texto de la cartera de Salud.

La cartera también ha advertido que la postura adoptada por la Corte genera una contradicción, ya que si bien el alto tribunal declaró insuficiente la UPC del 2024, no presentó una justificación sólida que respaldara la necesidad de corregir los valores de los años anteriores. En su solicitud de aclaración, el Ministerio subrayó que la mayoría de los magistrados no especificaron con precisión la naturaleza del rezago ni el impacto que este ha tenido en el sistema de salud.

Finalmente, el Ministerio manifestó su inquietud sobre las posibles consecuencias jurídicas para sus funcionarios en caso de que deban aplicar decisiones que podrían entrar en conflicto con la normativa vigente. La entidad advirtió que la intervención de la Corte en la metodología de cálculo de la UPC podría estar modificando disposiciones legales sin el correspondiente trámite legislativo, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias o penales para quienes implementen estas medidas en el ámbito administrativo.

Ante este escenario, el Ministerio ha instado a la Corte Constitucional a precisar los alcances de su decisión y a garantizar que las medidas ordenadas sean compatibles con el marco jurídico existente, con el objetivo de evitar afectaciones a la estabilidad del sistema de salud y la seguridad jurídica de sus funcionarios.