Cierre de Usaid por orden de Donald Trump traería fuertes repercusiones para el Gobierno Petro: experto analizó el tema

La decisión del Gobierno de Donald Trump de cerrar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) provocó fuertes reacciones, especialmente en Colombia, en donde los fondos destinados a diversos proyectos de desarrollo se verán visiblemente afectados. La entidad, que tenía la función de distribuir ayuda exterior a países aliados de Estados Unidos en áreas económicas, agrícolas, sanitarias, políticas y humanitarias, será desmantelada y algunos de sus programas pasarán al control del Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio.

El cierre de la agencia se llevará a cabo tras una orden ejecutiva firmada por Trump, en el día de su posesión, el 20 de enero de 2025, con el que suspendió por 90 días la entrega de ayudas a países que tienen acuerdos de cooperación vigentes con Estados Unidos. Según la administración estadounidense, este período serviría para evaluar si los objetivos de dichos programas estaban alineados con la política exterior del país.

Teniendo claro este contexto, Infobae Colombia habló con Manuel Camilo González, político e internacionalista de la Universidad Javeriana, que explicó las implicaciones de esta medida.

En el caso colombiano, el fin de Usaid afectará recursos por más de $386 millones, que estaban destinados a proyectos de desarrollo en diferentes sectores. Entre los programas más perjudicados está la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que recibía $15.000 millones de para labores de investigación y justicia restaurativa, y que ahora están en serio riesgo.

Colombia ha sido uno de los principales beneficiarios de la cooperación estadounidense a través de esta agencia, con inversiones en seguridad, lucha contra el narcotráfico y reconstrucción del tejido social en zonas afectadas por el conflicto armado. Pero, según explicó González, organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en el país dependían en gran medida de estos fondos para ejecutar proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, acceso a servicios básicos y promoción de derechos humanos.

“La suspensión de la ayuda internacional tiene como consecuencia limitar la capacidad que tiene el Estado colombiano de hacer presencia en los territorios y fundamentalmente en la provisión de bienes y servicios. Uno de los grandes desafíos es cómo hacer que ciertas zonas del país que han sufrido el conflicto armado logren emerger económicamente y tener obviamente paz social. Las ONG que reciben financiación de Usaid son clave para canalizar estos recursos, por lo que la decisión de Trump afecta directamente la capacidad de respuesta del Estado colombiano”, expresó el académico.

A su vez, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, González advirtió sobre el posible impacto del recorte de fondos en los programas de sustitución de cultivos ilícitos, pues esta suspensión también abarca la lucha contra las drogas, especialmente los programas no militares. “La reducción de fondos para iniciativas que promueven el tránsito hacia mercados legales podría generar un efecto rebote, donde muchos campesinos, al ver suspendidas las ayudas, regresen al cultivo de hoja de coca”, agregó el internacionalista.

Es válido destacar que Trump justificó el cierre con duras críticas a la agencia, a la que calificó de estar dirigida por “lunáticos radicales”. Según el mandatario, la reestructuración busca eliminar prácticas que considera ineficaces dentro del sistema de cooperación internacional; tal como las que reveló Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, también respaldó la decisión, argumentando que se habían detectado presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de Usaid, como los $47.000 dólares en una ópera transgénero.

Como se mencionaba, uno de los sectores más afectados será la JEP, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016, firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para juzgar crímenes cometidos en el conflicto armado. Esta entidad proporcionaba financiación esencial para las investigaciones en los territorios, incluyendo recursos tecnológicos para la búsqueda de desaparecidos. En lo que concierne a este tribunal transicional, González enfatizó que la falta de fondos agravará los problemas que ya enfrenta la JEP.

“El personal que trabaja para tratar de desenterrar la verdad del conflicto armado necesita recursos y tecnología. La suspensión de estos fondos deja en pausa proyectos clave, afectando a una justicia transicional que ya ha sido criticada por su lentitud en los procesos judiciales”, acotó el académico a esta redacción.

En consecuencia, alertó sobre los efectos colaterales en sectores estratégicos como educación, salud y seguridad, pues la reducción de financiamiento en estos ámbitos podría traducirse en un aumento de la inseguridad en distintos niveles.

“El impacto no solo se verá reflejado en la violencia, sino también en la inseguridad alimentaria y económica de muchas familias que subsisten a través de este tipo de iniciativas apoyadas por la cooperación internacional de los Estados Unidos", precisó González sobre el particular, al advertir que sin ella, esas comunidades quedarán en una situación de mayor vulnerabilidad.

El cierre de la Usaid causó preocupación en diversos sectores políticos y sociales, ante la falta de claridad sobre cómo se redistribuirán los fondos y qué programas serán priorizados por el Departamento de Estado. Y deja cierto aire incertidumbre sobre el futuro de la cooperación bilateral con el que era considerado una especie de “padrino” para el país.