Alto comisionado para la Paz admitió que el Gobierno nacional no analizó las alertas tempranas sobre el Catatumbo

La crisis humanitaria en el Catatumbo, Norte de Santander, ha alcanzado niveles alarmantes con más de 100 muertos y cerca de 50.000 personas desplazadas, resultado de los violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

En medio de esta situación, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, reconoció en la tarde del lunes 3 de febrero de 2025, que el Gobierno nacional no analizó en profundidad las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, que advertían la escalada de violencia en la región.

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El pronunciamiento de Patiño se conoció tras una audiencia en la Corte Constitucional en la que funcionarios del gobierno defendieron el decreto de conmoción interior emitido por la Casa de Nariño para afrontar la emergencia en el Catatumbo.

En el encuentro también participaron el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el de Defensa, Iván Velásquez, quienes argumentaron la necesidad de medidas excepcionales ante la incapacidad del Estado de contener la violencia con los mecanismos ordinarios.

Durante su intervención, Patiño fue autocrítico al admitir que el Gobierno nacional no profundizó en las razones detrás del aumento de la violencia en la región.

Según el alto comisionado, aunque existían indicios de una exacerbación del conflicto entre el Bloque Gentil Duarte del Frente 33 y el ELN, no se realizó un estudio detallado sobre los factores que llevaron a la ruptura de una aparente convivencia entre los grupos armados.

“La verdad, en esto quiero ser muy autocrítico, no hubo un análisis a fondo sobre por qué se estaba presentando esa exacerbación de las confrontaciones entre quienes tenían una situación de una especie de estado de convivencia”.

El reconocimiento de esta omisión podría representar un problema para la defensa del decreto de conmoción interior ante la Corte Constitucional, ya que deja en claro que la administración Petro tenía conocimiento previo de la crisis y no tomó acciones para evitar su desenlace.

Patiño también resaltó la importancia de fortalecer el análisis estratégico ante crisis similares: “A veces no hacemos análisis mucho más serios y profundos sobre los datos y la información que tenemos. No miramos en conjunto la estrategia de estas organizaciones y su articulación internacional con grupos criminales. Nos falta, sin duda, fortalecer el análisis estratégico”.

Mientras el Ejecutivo intenta justificar su respuesta tardía, la Defensoría del Pueblo alertó que la magnitud de la crisis ha desbordado la capacidad de las autoridades.

Según cifras oficiales, más de 49.000 personas han sido desplazadas y 28.000 permanecen confinadas en la región sin acceso a servicios básicos ni garantías de seguridad.

Ante tal panorama, Iris Marín, defensora del Pueblo, aseguró que el conflicto en el Catatumbo ha alcanzado niveles que superan incluso los registros de desplazamientos masivos ocurridos en 1997.

Según Marín, la crisis se intensificó tras la ruptura del cese al fuego entre el ELN y el Gobierno nacional, lo que desató una violenta pugna territorial entre los grupos ilegales.

“Desde la Defensoría habíamos alertado sobre la expansión de los grupos armados en la región, pero la situación ha superado cualquier expectativa. El escalamiento del conflicto ha generado desplazamientos masivos y ha puesto en grave riesgo a la población civil.”

Además de los homicidios y desplazamientos, las comunidades del Catatumbo enfrentan graves violaciones de derechos humanos, incluyendo reclutamiento forzado de menores, amenazas y ataques contra líderes sociales, docentes, firmantes de paz y personal médico.

Por tal motivo, Marín advirtió sobre el aumento en la estigmatización de comunidades que son acusadas de estar alineadas con alguno de los grupos armados, lo que las convierte en blanco de represalias.

Asimismo, alertó sobre la presencia de redes de trata de personas y explotación sexual, afectando principalmente a mujeres y niños.

Ante la gravedad de la crisis, el Gobierno de Gustavo Petro expidió un decreto de conmoción interior, una medida excepcional que le otorga facultades especiales para enfrentar la emergencia.

Durante su intervención en el Congreso el 28 de enero de 2025, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió la decisión argumentando que las herramientas ordinarias del Estado no han sido suficientes para contener la escalada del conflicto.

Cristo explicó que la disputa entre el ELN y las disidencias no solo ha sido de carácter militar, sino que ha incluido ataques sistemáticos contra la población civil.

Además, denunció que el ELN trasladó combatientes desde el departamento de Arauca para ejecutar masacres en el Catatumbo, lo que calificó como una acción “imperdonable”.

“El ELN perdió toda legitimidad política con estas acciones. No solo están atacando a sus enemigos, sino que han llevado la guerra a las comunidades, con listas en mano para identificar y asesinar a líderes sociales”.