El anuncio de los primeros decretos en el marco de la conmoción interior decretada por el Gobierno de Gustavo Petro ha generado reacciones en distintos sectores. En especial, el decreto 0108 del 29 de enero de 2025 ha causado preocupación debido a la inclusión de la expropiación administrativa, medida que ha sido interpretada por algunos como una vía para facilitar la “expropiación express”.
Frente a esta situación, la exministra de Agricultura Cecilia López compartió su postura en una entrevista en la W Radio, dejando clara su oposición a la iniciativa de la expropiación en medio de la conmoción interior. La economista, quien formó parte del Gobierno Petro durante sus primeros meses, sostuvo:
“El país sabe que yo nunca he creído que esa es la forma de ejecutar una reforma agraria, eso es entregarle a una persona administrativa el poder de señalar ‘a dedo’ la tierra que se le puede expropiar al dueño sin intermediación de un juez y que este no pueda defenderse sino hasta que ya la perdió (…) Desde que se dieron las primeras propuestas él me sacó por eso, porque sabía que me iba a oponer”.
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López explicó que su visión sobre la reforma agraria se enfocaba en la actualización del avalúo catastral de los terrenos fértiles. Bajo esta medida, el propietario se vería obligado a incrementar su productividad para cubrir los impuestos o, en su defecto, vender su tierra al Estado. Sin embargo, el Gobierno tomó otro camino.
Para la exministra, incluir la expropiación administrativa en medio de la conmoción interior es una decisión que responde a intereses estratégicos más que a una solución estructural.
“El Gobierno está usando una coyuntura dramática en el país para sentar un precedente y meter un artículo que le han negado desde el Congreso, sabe que el país no comparte esa forma de hacer una reforma agraria. Eso, en un momento de conflicto como el que vivimos, es acelerar la crisis, es muy peligroso”, manifestó.
López insistió en que no existen criterios claros para justificar el uso de esta herramienta en el contexto actual del país, en particular en las regiones afectadas por el conflicto.
“¿Cuáles son los criterios para usarlo? Para mí, esto es una medida oportunista del Gobierno, que aprovecha la coyuntura y hacer cosas que el Congreso le ha negado todo el tiempo”, concluyó.
Petro finalmente decretó el estado de conmoción interior por la escalada violenta en el Catatumbo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, oficializó la declaratoria de estado de conmoción interior en varias regiones del país, una medida que busca enfrentar la grave crisis de orden público que afecta principalmente al Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y dos municipios del departamento de Cesar: Río de Oro y González.
Esta decisión se tomó luego de tres días de análisis desde que el mandatario anunció su intención de implementar esta medida excepcional, debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
El decreto abarca al menos once municipios del departamento de Norte de Santander, incluyendo Tibú y otras localidades de la región del Catatumbo, que ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las Farc.
La violencia en estas zonas ha escalado a niveles críticos, lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar esta decisión para intentar restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.
El estado de conmoción interior es una medida contemplada en la Constitución colombiana que permite al Ejecutivo adoptar acciones extraordinarias para enfrentar situaciones que amenacen gravemente el orden público, en esta ocasión, hasta abril del 2025.
Esta declaratoria habilita al Gobierno para emitir decretos con fuerza de ley que permitan movilizar tropas, reasignar recursos y ejecutar programas de atención social en las regiones afectadas.
En este caso, el Gobierno de Gustavo Petro busca reforzar la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en las zonas más afectadas por la violencia.
Además, se espera que en los próximos días se emitan decretos reglamentarios que detallen las acciones específicas a implementar. Estas medidas incluirían la redistribución de recursos y la puesta en marcha de programas sociales para mitigar el impacto de la crisis en las comunidades locales.
El decreto detalla que, hasta el 21 de enero de 2025, se han registrado 381 homicidios, incluyendo cinco firmantes del acuerdo final de paz, y 36.137 personas desplazadas forzadamente. Este número contrasta con los 5.422 desplazados reportados en todo el año 2024, lo que evidencia la magnitud del problema.
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