El conflicto entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control del territorio y de los cultivos ilícitos en la región del Catatumbo, Norte de Santander, derivó en una delicada situación de orden público que afectó a todo el departamento.
Para hacer frente a la escalada de violencia y salvaguardar la integridad de la población civil, el Gobierno nacional declaró el Estado de conmoción interior, además del despliegue de Fuerzas Militares en el territorio. Sin embargo, el Comando General de la institución reveló que los fondos con los que cuentan para operar son insuficientes.
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Según el informe, que será anexado en el decreto de Conmoción interior a presentar ante la Corte Constitucional, la falta de aumento en el presupuesto entre 2024 y 2025, sumado al congelamiento de $279.000 millones, afectan la capacidad de operar en el Catatumbo.
En ese sentido, detalló las serias limitaciones en materia de personal, equipos, inteligencia militar y logística para responder a emergencias en los territorios afectados del noreste del país, así como en la región del Pacífico.
De hecho, la inflación de 5,2% proyectada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), deja al Ejército en una situación complicada, puesto que el poder adquisitivo de la institución se vio comprometido, lo que, en definitiva, limita las operaciones en todo el territorio nacional.
Por su parte, el general Alejandro López, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, reiteró en Noticias Caracol que sin financiamiento adecuado, es imposible mantener operativos contra los grupos armados ilegales que controlan territorios estratégicos mediante economías ilícitas como el narcotráfico y el contrabando.
“La escasa asignación de recursos económicos y tecnológicos necesarios para operar en un entorno complejo dificulta una respuesta para abordar las amenazas de manera integral. En ese contexto, dificultaban las operaciones contra los grupos armados”, explicó al medio citado.
Las Fuerzas Militares ven con preocupación esta coyuntura, ya que sin los elementos necesarios para operar y monitorear a los grupos armados ilegales, temen que el conflicto pueda recrudecerse y prolongar la crisis de orden público.
“La falta de recursos económicos dificulta la asignación de personal, por lo que las disputas por el control territorial entre a actores armados persisten, alimentando economías ilegales y fortaleciendo su influencia sobre las comunidades vulnerables”.
A propósito, el documento que ya está en manos de la Secretaría de Gabinete del Ministerio de Defensa hizo énfasis en la imposibilidad de afrontar al mismo tiempo las arremetidas de los grupos armados en varias zonas del país, por lo que solicitaron apoyo por parte del Gobierno nacional para estudiar la situación y encontrar estrategias de solución.
¿Cómo va la situación en Catatumbo?
De acuerdo con datos proporcionados por el Puesto de Mando Unificado (PMU), las evacuaciones han sido una medida clave para proteger a las comunidades afectadas. En total, 619 personas fueron trasladadas en 53 vuelos desde los municipios más afectados, entre ellos Convención, donde se evacuaron 40 personas; El Tarra, con 247 evacuados; y San Calixto, con 7 personas trasladadas. Estas acciones buscan mitigar el impacto de la violencia en la población civil, aunque las cifras de desplazamiento siguen en aumento.
El informe del Ministerio de Defensa también detalló el número de homicidios registrados en los municipios del Catatumbo, donde hubo un recrudecimiento de la guerra a cuenta del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. El municipio de Tibú encabeza la lista con 25 asesinatos, seguido de Teorama, donde se reportaron 21 homicidios. En El Tarra, las autoridades contabilizaron cuatro muertes violentas, mientras que en San Calixto y Hacarí una.
El desplazamiento forzado es uno de los problemas más graves que enfrenta el Catatumbo. Según los datos reportados por el Ministerio de Defensa, el número de personas desplazadas alcanzó los 52.807 casos, una cifra que pone de manifiesto la magnitud de la crisis humanitaria en esta región. Las comunidades afectadas han tenido que abandonar sus hogares en busca de seguridad, dejando atrás sus pertenencias y medios de subsistencia.
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