Consejo de Estado ratifica “muerte política” del concejal Juan Carlos Upegui por inhabilidad

El Consejo de Estado confirmó la pérdida de investidura del concejal de Medellín, Juan Carlos Upegui, decisión que había sido tomada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de acuerdo a información conocida por la emisora colombiana W Radio.

El alto tribunal resolvió en Sala Plena de la Sección Primera ratificar la inhabilidad del político debido a una violación en el régimen de inhabilidades.

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El caso se originó cuando se determinó que Upegui no podía aspirar al Concejo debido a que su padre fue designado en un cargo dentro de un colegio de Medellín mientras él adelantaba su campaña para la Alcaldía de la ciudad. Este hecho fue considerado una causal de inhabilidad que llevó a la justicia a decretar su “muerte política”.

En su momento, el Tribunal Administrativo de Antioquia había establecido que el concejal no cumplía con los requisitos para participar en las elecciones que lo llevaron a ocupar un escaño en la corporación. Ahora, con la confirmación de esta medida por parte del Consejo de Estado, la decisión queda en firme, salvo que se soliciten aclaraciones o modificaciones al fallo, procedimientos que usualmente buscan retrasar su ejecución.

De esta manera, Upegui perderá definitivamente su investidura y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos en el futuro.

Por su parte, el ahora exconcejal ha defendido su posición y ha señalado que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas. En su momento, afirmó que se trataba de una estrategia para debilitar la oposición al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En la primera sala plena que se llevó a cabo en 2025, el Consejo de Estado eligió a sus nuevos delegados oficiales. Luis Alberto Álvarez Parra fue elegido como presidente de la entidad, mientras que la vicepresidenta será Alberto Montaña Plata, que estuvo trabajando en la Sección Tercera; área encargada de tratar demandas contra la Nación y asuntos de contratación y responsabilidad estatal.

El recién nombrado presidente ingresó al máximo juez de la administración pública en 2019, como reemplazo de Alberto Yepes, y se graduó como abogado en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Asimismo, hizo un magíster en gobierno en la Universidad Externado y fue candidato a doctor en derecho de la misma entidad de educación superior.

Asimismo, cuenta con seis especializaciones, según Ámbito Jurídico, estas son en Derecho Público, Derecho Contencioso Administrativo, Contratación Estatal, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica.

Álvarez Parra también cuenta con experiencia en el ámbito jurídico, ya que se ha desempeñado como magistrado en tribunales administrativos de Cundinamarca y Meta; como delegado departamental de Cundinamarca, Caldas, Arauca, Tolima y Meta de la registraduría del Estado Civil. De igual manera, sobresale su labor como auditor general del Fondo Nacional del Ahorro; jefe de la División de Personal de la Contraloría General de la República en Bogotá; y personero municipal de Cumaral.

Por su parte, el vicepresidente Montaña Plata es abogado de la Universidad del Externado, doctor de la Escuela de Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración (SPISA) de Italia, tiene posdoctorados en Derecho de la Universidad de Pisa.

Ha sido profesor de la universidad en la que hizo su pregrado; director del Departamento de Derecho Administrativo y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Ha enseñado en las universidades de Bolonia, Pescara, Ferrara, Pisa, Barcelona y Carlos III de Madrid.

En cuanto a sus funciones en el Consejo de Estado, ha fungido como auxiliar de la Sección Tercera de la corporación y conjuez de la sección mencionada, así como de la Sala de Consulta y Servicio Civil.