Procuraduría alertó por irregularidades en entrega de ayudas para desplazados del Catatumbo: estaban acumuladas en Ocaña

La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, más de 52.630 personas han sido desplazadas debido a los enfrentamientos entre el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. De estas, 5.974 personas se encuentran actualmente en albergues temporales, donde las condiciones de salubridad y atención han sido calificadas como deficientes por las autoridades.

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De acuerdo con una reciente denuncia de la Procuraduría General de la Nación, las ayudas humanitarias destinadas a las víctimas de esta crisis no han sido entregadas de manera adecuada en algunos municipios. En Ocaña, por ejemplo, una comisión del Ministerio Público descubrió que las ayudas permanecían almacenadas en instalaciones de los bomberos, sin llegar a las comunidades afectadas. El procurador delegado para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Javier Sarmiento, expresó su preocupación por esta situación, señalando que incluso se han fraccionado mercados destinados a los desplazados.

“Es muy preocupante que, viendo esta situación humanitaria, que es evidente en los ocho albergues, no se estén suministrando las ayudas de manera oportuna”, afirmó Sarmiento, citado en el pronunciamiento de la cartera. Además, la comisión que visitó la región constató que los albergues temporales carecen de baterías sanitarias y lavamanos suficientes para garantizar condiciones mínimas de salubridad. Aunque se han realizado esfuerzos para mejorar estas condiciones, el procurador delegado advirtió que, tras más de dos semanas desde el inicio de la crisis, los avances han sido insuficientes.

El Ministerio de Defensa informó que, hasta el 30 de enero de 2025, se han enviado 396,1 toneladas de ayudas humanitarias al Catatumbo. De este total, 55,3 toneladas fueron aportadas por el Ejército Nacional, 30,8 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 120 por la Gobernación de Norte de Santander y 190 por la Unidad para las Víctimas. No obstante, las denuncias sobre irregularidades en la distribución de estas ayudas han generado cuestionamientos sobre la eficacia de la respuesta institucional.

En paralelo, el gobierno ha incrementado la presencia militar en la región. Según el Ministerio de Defensa, más de 10.000 soldados han sido desplegados en el Catatumbo para intentar recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades. Además, el pasado 30 de enero, la Presidencia de la República emitió un decreto que designa a un comandante militar para ejercer control operacional sobre las Fuerzas Militares y de Policía en el marco del Estado de Conmoción Interior.

La posibilidad de que las comunidades desplazadas regresen a sus territorios sigue siendo incierta. Según el procurador delegado Javier Sarmiento, las condiciones de seguridad en la región no son las mejores para garantizar un retorno seguro. Una de las principales preocupaciones es la presencia de minas antipersonales, un problema histórico en el Catatumbo que dificulta las misiones de desminado en municipios como Sardinata.

“Creemos que es muy prematuro hablar de un retorno porque las condiciones de seguridad no están dadas. Resaltando, por ejemplo, la gran cantidad de minas antipersonales”, señaló Sarmiento. Además, el Ministerio Público ha advertido que la situación de orden público en la región sigue siendo crítica, lo que impide avanzar en la estabilización de las comunidades afectadas.

La crisis en el Catatumbo también ha afectado a los firmantes del Acuerdo de Paz. Según el Ministerio Público, diez firmantes han desaparecido en la región, mientras que al menos seis han sido asesinados de manera selectiva. Estos hechos han llevado a instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a solicitar medidas urgentes de protección para esta población.

Por otro lado, la situación en la frontera colombo-venezolana ha añadido una nueva dimensión al conflicto. En la mañana del 31 de enero de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, hicieron el anuncio del inicio de la “operación Relámpago del Catatumbo”.

“Se ha iniciado una operación militar antinarcóticos en la frontera colombo/venezolana. Buscamos la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN. Una frontera sin mafias debe ser el objetivo final para tranquilidad de la población, la paz y la soberanía”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X. Con esta iniciativa se busca combatir el narcotráfico en el lado venezolano de la frontera, un corredor estratégico para los grupos armados ilegales.

La crisis en el Catatumbo pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el Estado colombiano para garantizar la seguridad, la atención humanitaria y el respeto a los derechos humanos en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Mientras tanto, miles de familias desplazadas siguen esperando soluciones que les permitan reconstruir sus vidas en condiciones dignas y seguras.