Gustavo Petro designará comandante militar para enfrentar crisis en el Catatumbo: cuáles serán sus funciones

El presidente Gustavo Petro ha anunciado que designará un comandante militar para liderar las operaciones de la Fuerza Pública en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia.

En esa región, más de 52.000 personas han sido desplazadas debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Este nombramiento, que se formalizará mediante el estado de conmoción interior, busca coordinar las acciones de seguridad en una zona marcada por la violencia y el narcotráfico, y mejorar la protección de la población civil.

El comandante que se designe tendrá bajo su responsabilidad los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú, Sardinata y áreas indígenas como Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.

Este cargo se considera fundamental tras la declaración de estado de conmoción interior el pasado 21 de enero, que otorga al Gobierno facultades para implementar medidas extraordinarias en la región.

El nuevo comandante militar centralizará el control de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la zona, y se encargará de coordinar las operaciones para restaurar el orden público.

Entre sus tareas estará la planificación y ejecución de las acciones necesarias para neutralizar las causas del conflicto y evitar que se extienda a otras áreas.

Además, se le exigirá garantizar que todas las operaciones se realicen respetando los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El mayor general Giovanni Rodríguez, actual comandante de la Segunda División del Ejército, es mencionado por El Tiempo como el principal candidato para el cargo. Su experiencia en la región y su manejo de la situación durante las últimas semanas lo posicionan como uno de los nombres más opcionados para asumir este rol estratégico.

Sin embargo, el nombramiento aún no ha sido confirmado oficialmente, y el Ministerio de Defensa se espera que lo haga en las próximas horas.

El comandante designado enfrentará múltiples desafíos, incluyendo la coordinación de los servicios de inteligencia y contrainteligencia, la suspensión temporal de los permisos de porte de armas en las zonas más críticas, y garantizar la protección de infraestructuras vitales como los oleoductos y el control de la frontera.

La región, históricamente afectada por grupos armados ilegales y el narcotráfico, requiere una intervención inmediata para contener la crisis humanitaria y restaurar la seguridad.

Con más de 52.000 desplazados, la situación en el Catatumbo sigue siendo crítica. En municipios como Tibú, considerado el corazón de la región, se ha intensificado el desplazamiento de población y se han habilitado albergues para atender a los afectados.

El Gobierno nacional, a través de este decreto, reafirma su compromiso de hacer frente a la violencia en la región y garantizar la seguridad de los ciudadanos en medio de la crisis.

El Gobierno colombiano ha emitido una serie de decretos en el marco de la conmoción interior para el Catatumbo, buscando una respuesta coordinada a la crisis de orden público en la región.

Además de la designación de un comandante militar único para dirigir las operaciones en el territorio, el Gobierno ha tomado decisiones clave que abordan otros aspectos de la situación:

• Transporte público con condiciones de seguridad: A través del Decreto 0120 de 2025, el Gobierno ha dado luz verde al servicio de transporte público en las zonas afectadas, pero con la condición de que las empresas de transporte coordinen con las autoridades militares y de policía. Esto incluye la definición de horarios y rutas seguras, con el fin de garantizar la protección de los pasajeros.
• Suspensión de trámites ambientales: El Decreto 0116 de 2025 suspende el trámite de licencias ambientales en varios municipios del Catatumbo, debido a la crisis de orden público que impide la adecuada supervisión de los recursos naturales. Sin embargo, se exceptúan los proyectos relacionados con el restablecimiento de la paz en la región.
• Teletrabajo obligatorio en empresas privadas: En el Decreto 0119 del 30 de enero, el Gobierno obliga a las empresas privadas en la zona a que sus empleados trabajen desde casa, salvo en casos donde la presencia física sea esencial. Esta medida busca proteger la seguridad de los trabajadores y garantizar la continuidad de las actividades económicas.
• Expropiación administrativa para víctimas y reincorporación: El Gobierno también ha emitido los decretos 106, 107 y 108 de 2025, que incluyen medidas para la expropiación administrativa de tierras necesarias para la reubicación de víctimas del desplazamiento forzado y la reincorporación de excombatientes. Aunque la medida ha generado controversia, se asegura que el proceso se regirá por criterios de necesidad y urgencia, aunque la transparencia y el control judicial continúan siendo puntos de debate.