Congreso de la República aplazó las sesiones extraordinarias: estas son las tres reformas clave del Gobierno Petro que están pendientes

El Congreso de Colombia no iniciará las sesiones extraordinarias la próxima semana del 3 de enero como se había previsto inicialmente.

La convocatoria para estas sesiones, que tenían como objetivo abordar proyectos legislativos pendientes desde el año pasado, ha sido aplazada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a medios como Caracol Radio y La Fm que el decreto para convocar a estas sesiones se encuentra en preparación y que la nueva fecha de inicio será el 10 de febrero.

El Gobierno Nacional tiene como prioridad incluir en la agenda legislativa tres proyectos de ley fundamentales: la reforma a la salud, la reforma laboral y la ley de jurisdicción agraria.

Estos proyectos, que han generado amplio debate en el país, buscan avanzar en diferentes etapas del proceso legislativo.

La reforma a la salud se encuentra en su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, mientras que la reforma laboral está lista para su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.

Por su parte, la ley de jurisdicción agraria, que cuenta con mensaje de urgencia, aún debe ser discutida en las dos plenarias del Congreso.

La Defensoría del Pueblo subrayó la necesidad de que la reforma laboral en trámite en el Congreso de la República contemple un régimen de transición para empleados de pequeñas y medianas empresas, así como la inclusión de derechos laborales para parejas del mismo sexo.

Según informó la institución, estas medidas son esenciales para avanzar en la protección de los derechos laborales y cumplir con los compromisos internacionales en esta materia.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la reforma laboral busca garantizar principios fundamentales del derecho al trabajo, promoviendo la dignificación del empleo como un motor de desarrollo humano y justicia social.

Durante la audiencia, el Delegado para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la entidad destacó que esta iniciativa legislativa es clave para asegurar que los derechos laborales mínimos sean respetados y protegidos en el país.

De acuerdo con El Nuevo Siglo, en diciembre de 2024 se logró la aprobación de cerca del 40% del articulado del proyecto, que consta de 62 artículos.

Entre los puntos ya aprobados destacan la creación del Consejo Nacional de Salud, que será el órgano de dirección del sistema y estará adscrito al Ministerio de Salud, y el establecimiento de un Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud, diseñado para garantizar la transparencia y la gestión eficiente de los datos generados por los actores del sistema.

Sin embargo, el 60% restante del articulado aún está pendiente de discusión, lo que incluye temas clave como el modelo de financiación, la distribución de recursos y el papel de las EPS (Entidades Promotoras de Salud).

La oposición ha solicitado que se suspenda el trámite de la reforma hasta que el Gobierno cumpla con una orden de la Corte Constitucional relacionada con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que debe ser suficiente para cubrir los costos del servicio de salud.

Según el representante Andrés Forero Molina, del partido Centro Democrático, el Gobierno no debería avanzar en la discusión del proyecto hasta que se resuelvan estos aspectos técnicos.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, expresó su preocupación sobre la ley de jurisdicción agraria, señalando que esta podría reactivar mecanismos de expropiación de tierras en el país.

“Es peligrosa, es expropiación pura y dura. La Agencia Nacional de Tierras decide quién expropia y las apelaciones son ante la propia Agencia Nacional de Tierras”, afirmó Cepeda.

Además, el líder legislativo advirtió que asumirá un papel activo en la oposición a las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro, asegurando que se convertirá en el “jefe de la banda” para frenar aquellas iniciativas que, a su juicio, no sean beneficiosas para el país.