El proceso judicial contra el exsenador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, acusado de presunta manipulación de testigos, avanza hacia una etapa crucial.
Según informó el Tribunal Superior de Bogotá, el próximo martes 4 de febrero se resolverán los recursos de apelación presentados por la defensa del exmandatario y por la Procuraduría General de la Nación. Estas apelaciones están relacionadas con el decreto probatorio emitido por la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en el marco de la audiencia preparatoria del juicio. La audiencia está programada para las 9:00 a. m. de ese día
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De acuerdo con lo publicado, los recursos de apelación buscan excluir pruebas clave que podrían ser determinantes en el juicio oral contra Uribe, quien enfrenta cargos por soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión del Tribunal podría definir el rumbo del caso, que ha generado un amplio debate en el país debido a su relevancia política y judicial.
El abogado defensor de Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, presentó un recurso de apelación solicitando la exclusión de interceptaciones telefónicas entre su cliente y su entonces abogado, Diego Cadena. Granados argumentó que dichas grabaciones son ilegales y vulneran el derecho al sigilo profesional entre abogado y cliente. Este mismo argumento fue respaldado por el delegado de la Procuraduría, Bladimir Cuadro, quien también pidió que estas interceptaciones no sean admitidas como pruebas en el juicio.
Ambos recursos se presentaron en respuesta a la decisión de la juez Sandra Heredia, quien había decretado las pruebas que se utilizarán en el juicio oral. Según consignó el medio, estas pruebas incluyen las interceptaciones telefónicas que ahora están en el centro de la controversia. La defensa y la Procuraduría sostienen que admitir estas grabaciones como evidencia violaría principios fundamentales del derecho.
En declaraciones recientes, Álvaro Uribe Vélez afirmó que el caso en su contra tiene “una enorme connotación política”. Según el exmandatario, este proceso ha afectado su derecho a oponerse legítimamente al actual gobierno de Gustavo Petro. Uribe también defendió las acciones de su abogado, Diego Cadena, quien, según él, actuó como investigador en 2018 y no incurrió en actividades ilegales.
El exsenador negó haber ordenado a Cadena sobornar testigos y aseguró que el dinero entregado por su abogado a un testigo fue por razones humanitarias y sin su conocimiento. “Yo no mandé al doctor Cadena a sobornar testigos. Lo envié a corroborar información y buscar la verdad. Él dio ese dinero sin consultarme. Le creo que lo hizo por razones humanitarias”, declaró Uribe, según lo reportado.
La resolución del Tribunal Superior de Bogotá sobre los recursos de apelación será determinante para el desarrollo del caso. Si los magistrados deciden negar las apelaciones, el juicio oral contra Álvaro Uribe Vélez comenzará el jueves 6 de febrero. Este juicio será un hito en la historia judicial de Colombia, no solo por la figura política involucrada, sino también por las implicaciones legales y éticas que plantea.
El caso ha captado la atención nacional e internacional debido a las acusaciones de manipulación de testigos y las posibles repercusiones políticas. La exclusión o admisión de las interceptaciones telefónicas como pruebas podría influir significativamente en el resultado del juicio, marcando un precedente en la interpretación de los derechos al sigilo profesional y a la privacidad en el contexto judicial colombiano.
El proceso contra Álvaro Uribe Vélez ha estado rodeado de controversias desde su inicio. Las acusaciones de soborno y fraude procesal, sumadas a las declaraciones del exmandatario sobre la supuesta politización del caso, han generado un intenso debate en la opinión pública.
Además, la participación de figuras clave como Diego Cadena y los argumentos presentados por la Procuraduría han añadido complejidad al caso.
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