El debate sobre las tarifas de energía en Colombia tomó un nuevo giro tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Barranquilla, donde se llevaron a cabo protestas ciudadanas en contra de los costos del servicio eléctrico. Durante su intervención, el mandatario lanzó duras críticas contra las empresas del sector, asegurando que las tarifas que se estaban cobrando tanto a los hogares como a las compañías eran “ilegales”. Además, señaló a las generadoras de energía, afirmando que son solo seis en el país y que estas concentran la mayor parte de los ingresos derivados de las tarifas que pagan los ciudadanos.
En su discurso, Petro no solo cuestionó el modelo de cobro del servicio, también acusó a estas empresas de afectar directamente a la población con lo que él calificó como un abuso financiero. “Nos han estafado”, expresó el presidente, enfatizando que el sistema tarifario vigente no beneficia a los colombianos y que es necesario revisar las estructuras de costos en el sector energético.
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Ante estas afirmaciones, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) reaccionó con contundencia. A través de su presidente, Camilo Sánchez, que también lidera el Consejo Gremial, la organización rechazó las palabras de Petro y las calificó como “desafortunadas, peligrosas y sin soluciones reales”.
Sánchez criticó la postura del Gobierno, argumentando que la administración del presidente Petro estaba dejando de lado a un sector clave para el desarrollo económico del país. “El presidente está desechando a los que han sido sus mejores aliados en el crecimiento del país, las empresas”, manifestó el líder gremial. La organización criticó que el mandatario utilizara este tema como una herramienta política y como un argumento en contra de las regiones, lo que, a su juicio, promovía divisiones innecesarias entre los colombianos.
Así mismo, rechazó categóricamente la idea de que existiera alguna ilegalidad en el cobro de las tarifas eléctricas. “Lamentamos que el presidente de la República utilice las tarifas de energía y las necesidades de la población como un discurso político y en contra de las regiones, generando confusiones y divisiones entre los ciudadanos. Rechazamos las afirmaciones realizadas sobre la supuesta ilegalidad y estafa en las tarifas de energía, y ratificamos que todo lo que se cobra a los usuarios está ajustado a la ley y la regulación vigente”, sostuvo Sánchez.
El gremio también expresó su preocupación por lo que consideró una estigmatización hacia las empresas del sector, recordando que, durante décadas, habían trabajado en conjunto con el Estado para asegurar la prestación del servicio eléctrico en todo el país. En su defensa, Andesco subrayó que la participación del sector privado era fundamental, ya que “el Estado solo no tiene la capacidad ni los recursos para hacerlo”.
Además de rechazar los señalamientos del Gobierno, Andesco aprovechó la oportunidad para hacerle una solicitud directa al presidente Petro. Según Sánchez, cualquier medida que afectara a la industria debía tomarse con pleno conocimiento del impacto social y económico que generaría. “Cuando esté pensando en afectar al sector, también piense en los 560.000 colombianos que trabajan en él en todas las regiones y en los usuarios que están esperando soluciones concretas”, enfatizó el líder gremial.
El presidente Gustavo Petro, en su discurso en Barranquilla, se centró en cómo se determinan las tarifas de energía, señalando que ciertos costos no deberían ser asumidos por los consumidores. Andesco respondió no solo a las críticas sobre las tarifas, también a las marchas promovidas por el Gobierno. Camilo Sánchez, presidente del gremio, afirmó: “Las marchas y discursos llenos de imprecisiones no generan soluciones”.
Criticó la eliminación de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, advirtiendo que esto pondría en riesgo el acceso a la energía para muchas familias. Además, solicitó que el Gobierno se enfocara en resolver problemas de fondo como la pobreza en la región Caribe. Sánchez concluyó: “Este sector es serio y requiere decisiones técnicas y que a los usuarios se les hable con la verdad”.