El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, elevó una solicitud de vigilancia especial ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación por el incumplimiento del Gobierno nacional en la entrega de recursos para el proyecto del Metro de la 80.
La denuncia surgió tras la expedición del Decreto 069 de 2025, que aplazó los desembolsos de las partidas presupuestales comprometidas para la obra.
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El jueves 30 de enero de 2025, el alcalde Gutiérrez hizo pública su preocupación a través de su cuenta en X, en la que explicó la situación y responsabilizó al Gobierno nacional por la falta de financiamiento del proyecto.
“He radicado ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación solicitud de vigilancia especial al proyecto Metro de la 80, por el incumplimiento del Gobierno Nacional en sus obligaciones, que hoy ascienden a $980.000 millones de pesos. Llevamos una ejecución de obra del 29,4%. Desde el Distrito de Medellín hemos cumplido todas las obligaciones y aportado $684.000 millones, gobierno nacional $0. Estamos preparando las acciones ante la Justicia y el Presidente debe entender que no está por encima de la Ley”, aseguró el burgomaestre.
Compromisos incumplidos y afectaciones al proyecto
El documento radicado por la Alcaldía de Medellín enfatizó que el proyecto Metro de la 80 fue declarado de importancia estratégica para la nación mediante el Documento CONPES 4003 de 2020, lo que implicaba que el Gobierno nacional aportaría el 70% de los recursos para su ejecución; sin embargo, a la fecha, estos fondos no han sido girados, afectando el desarrollo de la obra.
El Metro de la 80 es una de las obras de infraestructura más importantes para Medellín con una extensión de 13,25 km, 17 estaciones, y una proyección de movilizar 179.400 pasajeros al día, por lo que el proyecto, que se puso en marcha en abril de 2024, contempla actividades como:
- Demolición de edificaciones
- Construcción de redes de servicios públicos
- Implementación del banco de ductos multitubular (esencial para la energía eléctrica del sistema)
Pero, a pesar de las dificultades, en la carta la Alcaldía destacó que el avance de la obra alcanza un 32,5%, frente al 34,4% previsto y que la gestión predial está en un 70%, con 693 de los 1239 predios necesarios ya adquiridos.
El impacto del congelamiento de recursos
La comunicación enviada por Gutiérrez a la Contraloría y la Procuraduría expuso que el Decreto 069 de 2025 del Gobierno nacional aplazó las apropiaciones presupuestales para el proyecto Metro de la 80.
Ese panorama representa una pérdida de 497.630 millones de pesos correspondientes a la vigencia 2025, sumados a los 483.135 millones de pesos que el gobierno ya incumplió en 2024.
Por lo tanto, la situación pone en peligro la continuidad del proyecto y podría generar un impacto económico superior a 1.5 billones de pesos, la aceleración de costos por créditos adquiridos y demandas judiciales y penalizaciones por incumplimiento de contratos.
Adicionalmente, la falta de recursos afectaría la gestión predial y la adquisición de bienes, así como la ejecución de contratos clave para el suministro de material rodante y señalización, la interventoría del proyecto y la conexión al suministro de energía.
Riesgo de pérdida de empleos y demandas judiciales
Según la comunicación de la alcaldía, uno de los puntos más críticos es el riesgo que representa la falta de financiación para los 807 empleos generados por el proyecto.
El documento también advirtió que el incumplimiento del Gobierno nacional podría derivar en demandas por parte de los moradores afectados, lo que involucra tanto a aquellos que ya fueron indemnizados como a quienes esperan la compra de sus predios.
“El incumplimiento pondría en riesgo la correcta utilización de los recursos públicos y podría configurar una vulneración al principio de planeación, eficiencia y transparencia en la gestión fiscal“, se lee en el documento, en referencia al artículo 209 de la Constitución Política y la Ley 610 de 2000.
Solicitudes y acción judicial
Ante la gravedad de la situación, Federico Gutiérrez solicitó a la Contraloría y a la Procuraduría realizar vigilancias administrativas especiales para evaluar el cumplimiento del Decreto 069 de 2025 y su impacto en el proyecto.
En ese sentido, el alcalde reiteró que la Alcaldía de Medellín ha cumplido con sus compromisos aportando 684.000 millones de pesos, mientras que el Gobierno nacional no ha girado ni un solo peso.
Además, Gutiérrez confirmó que su equipo legal ya está preparando acciones ante la justicia para obligar al Ejecutivo a cumplir con lo pactado.
“El Presidente debe entender que no está por encima de la ley“, enfatizó el mandatario local.
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