Una flotilla de 22 helicópteros Black Hawk norteamericanos que se mantiene en territorio nacional al servicio de la Policía Antinarcóticos dejará de sobrevolar el territorio nacional por tiempo indeterminado.
La decisión fue comunicada por la embajada de Estados Unidos en Colombia, que entregó la orden expresa de no operar las aeronaves desde las 00:00 horas del lunes 27 de enero, justo después de que los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump protagonizaran fuertes tensiones diplomáticas por desautorización del Gobierno nacional para que ingresaran dos aviones militares con 201 deportados, según información revelada por La W.
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La información conocida hasta ahora señala que la oficina diplomática de ese país informó de la congelación del contrato con la empresa de mantenimiento de las aeronaves y, posiblemente, hace parte de las medidas de Estados Unidos para reestructurar la entrega de ayudas internacionales, que incluye la circular en la que informó de suspensión de fondos por un plazo de 90 días.
Sin embargo, desde el Gobierno de Estados Unidos también insinuaron que la decisión podría tratarse de una represalia por el reciente enfrentamiento entre los mandatarios de ambos países, pese a que se comunicó que la crisis está superada.
“Si bien EE.UU. tiene su firme compromiso de seguir fortaleciendo su relación con Colombia para promover interés mutuos, no vacilaremos”, respondió el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado dirigido a La W.
En su respuesta, el gobierno norteamericano también recordó la cooperación internacional que deben tener las naciones aliadas, incluida Colombia, para continuar con la política de migración que está implementado ese país y que incluye la deportación de nacionales colombianos, el principal motivo de discordia entre Petro y Trump.
“El presidente Trump espera que todas las naciones cooperen en la aceptación de los deportados que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos”, informó la entidad.
La drástica decisión tomada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se suma a la reciente suspensión de fondos para el financiamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La medida también responde a una orden ejecutiva emitida por el expresidente Donald Trump, que exige una revisión de 90 días de varios programas de cooperación internacional. Este recorte representa un desfinanciamiento cercano a los 15.000 millones de pesos.
La notificación oficial fue enviada el sábado 25 de enero mediante una carta firmada por Susana SáCouto, profesora y directora de la Oficina de Investigaciones de Crímenes de Guerra de la American University Washington College of Law.
La comunicación, dirigida al presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, y a otros funcionarios, detalla la suspensión de una subvención otorgada en octubre de 2022.
Este financiamiento estaba destinado al proyecto “Aumentando el impacto de la SJP con un enfoque holístico de la justicia transicional”, una iniciativa que también involucra al Laboratorio de Justicia de Política Criminal y a la Organización Internacional para el Estado de Derecho y Desarrollo.
El proyecto, diseñado para ejecutarse durante dos años con posibilidad de extensión hasta 2026, tenía como objetivo principal fortalecer la rendición de cuentas de los máximos responsables de crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
Según la carta, el propósito del financiamiento era contribuir a la eficacia de la JEP en su misión de garantizar justicia y reparación para las víctimas del conflicto.
En la misiva, SáCouto explicó que los desembolsos previstos han sido detenidos mientras se lleva a cabo esta evaluación. “Estaremos en contacto una vez que el proyecto haya sido revisado por las autoridades respectivas. Esperamos poder reanudar las actividades una vez concluida la revisión”, se lee en el documento.
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