La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el patrullero de la Policía, John Antonio Gutiérrez Rodríguez, quien sería responsable de la muerte de dos manifestantes durante el paro nacional de 2021, en el norte de Bogotá.
De acuerdo con la investigación desarrollada por el ente de control, los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de 2021, en el barrio Verbenal, ubicado en la localidad de Suba. En el sitio, el oficial se encontraba como refuerzo ante los graves disturbios presentados en la jornada.
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En un momento, el uniformado habría accionado su arma de dotación en reiteradas ocasiones contra los manifestantes, lo que produjo la muerte instantánea de un menor de edad, al igual que un joven que sufrió varias heridas.
“Sobre las 9:35 p. m., habría disparado su arma de dotación en cuatro oportunidades contra Javier Alexander Fonseca Castillo, de 17 años, quien falleció horas después a causa de las heridas y contra Andrés Felipe Rodríguez Ávila, quien también falleció a causa de un disparo proveniente de la misma arma”, mencionó la Procuraduría en el comunicado.
De igual manera, el organismo de control resaltó que, durante las investigaciones, se notó diferencias en las declaraciones del oficial y la revisión de material probatorio, al comprobar que devolvió su arma de dotación, una vez finalizado su turno, “que había perdido uno de los proveedores en un primer forcejeo con manifestantes, el cual estaba cargado con 15 balas”.
Para la Procuraduría, “las pruebas recaudadas en la presente investigación muestran que los proyectiles que cegaron la vida de los ciudadanos Javier Alexander Fonseca Castillo y Andrés Felipe Rodríguez Ávila, habrían sido disparados desde la pistola que tenía asignada el patrullero Gutiérrez Rodríguez y que presuntamente fueron los que adujo durante esta investigación que perdió en el lugar de los hechos, en cercanías al CAI Verbenal”.
Finalmente, la entidad de control calificó la conducta del patrullero Gutiérrez Rodríguez como gravísima a título de dolo.
Caso Brayan Niño Araque
Esta no ha sido la única decisión adoptada por el Ministerio Público contra uniformados de la fuerza pública, por sus actos durante el estallido social de 2021.
En julio de 2024, la Procuraduría le impuso una sanción económica de 18 millones de pesos al mayor de la Policía, Carlos Javier Arenas, declarado responsable disciplinariamente de la muerte de Brayan Niño Araque, ocurrida el 1 de mayo de 2021, en el municipio de Madrid, Cundinamarca.
Según la investigación, el joven de 22 años fue impactado en la cabeza por un proyectil de lanzagases de 40 mm disparado desde una tanqueta antidisturbios, lo que le provocó una fractura craneal y, posteriormente, su fallecimiento.
Arenas, quien estaba a cargo de supervisar los servicios policiales desde una tanqueta del antiguo Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), admitió haber disparado el lanzagases en tres ocasiones, siendo uno de ellos el que impactó fatalmente al joven, según reveló El Espectador.
De acuerdo con la Procuraduría, aunque se determinó que el policía fue responsable del disparo, su conducta fue calificada como culposa, ya que no habría tenido la intención de causar un daño mortal. Por esta razón, la sanción impuesta se limitó a una multa económica y no incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
No obstante, la decisión del órgano de control generó el rechazo de la familia del joven y de grupos defensores de derechos humanos, quienes consideran que esta decisión dejaría en impunidad los hechos en los cuales perdió la vida Niño Araque.
Al respecto, la organización DH Colombia consideró que la sanción económica no refleja la gravedad de los hechos ni hace justicia a la pérdida de una vida humana. Además, han señalado que este tipo de decisiones envían un mensaje preocupante sobre la falta de consecuencias significativas para los responsables de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales.
El caso de Niño Araque no es un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto más amplio de denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante el paro nacional de 2021 en Colombia.
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