La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido renunciar a la persecución penal de 16 integrantes de la fuerza pública, tanto activos como retirados, quienes no fueron identificados como máximos responsables en los casos de falsos positivos ocurridos entre 2005 y 2006 en los departamentos de Meta y Santander.
Según informó la JEP, esta medida busca resolver de manera definitiva la situación jurídica de los comparecientes que han reconocido su responsabilidad y aportado verdad plena sobre los hechos.
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De acuerdo con la JEP, la renuncia a la persecución penal implica que no se continuará con los procesos judiciales en la justicia ordinaria ni en la transicional. Este mecanismo permite a los involucrados reintegrarse a la sociedad de manera efectiva, al tiempo que contribuyen a la reparación del daño causado.
“Aplicar este beneficio a los comparecientes, que no ostenten la más alta responsabilidad en relación con estos graves crímenes, les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad, al tiempo que contribuyen a la restauración del daño causado”, señaló la JEP en un comunicado.
La decisión se fundamenta en los aportes realizados por los comparecientes durante el proceso judicial ante la JEP. Según detalló la jurisdicción, los implicados reconocieron su participación en la planeación, ejecución y encubrimiento de tres hechos en los que cinco personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) fueron asesinadas y, en algunos casos, desaparecidas. Estos crímenes ocurrieron en los municipios de Puerto Concordia, en Meta, y Lebrija, en Santander.
La JEP destacó que los testimonios y reconocimientos de los comparecientes permitieron reconstruir los hechos con un nivel de detalle que supera ampliamente lo alcanzado por la justicia ordinaria. Además, se especificaron los roles desempeñados por cada uno de los involucrados en los crímenes, lo que fue considerado un aporte significativo para esclarecer lo ocurrido.
Con esta resolución, los 16 miembros de la fuerza pública beneficiados podrán eliminar sus antecedentes penales y no podrán ser procesados nuevamente por las conductas ya resueltas. Según la JEP, esta medida no solo busca garantizar la seguridad jurídica de los comparecientes, sino también avanzar en los objetivos de justicia transicional, que incluyen la verdad, la reparación y la no repetición.
La JEP enfrenta un recorte de $15.000 millones tras suspensión de apoyo de Estados Unidos
Según informó W Radio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió detener el desembolso de recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que representa un déficit cercano a los 15.000 millones de pesos colombianos.
Esta decisión se enmarca en una orden ejecutiva emitida por el expresidente Donald Trump, que exige la revisión de proyectos de cooperación internacional durante un periodo de 90 días.
La notificación oficial de esta medida llegó el 25 de enero, a través de una carta firmada por Susana SáCouto, profesora y directora de la Oficina de Investigaciones de Crímenes de Guerra de la American University Washington College of Law.
El documento, dirigido al presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, y a otros funcionarios, comunicó la suspensión de una subvención otorgada en octubre de 2022.
Este financiamiento estaba destinado al proyecto denominado “Aumentando el impacto de la SJP con un enfoque holístico de la justicia transicional”, una iniciativa que también involucra al Laboratorio de Justicia de Política Criminal y a la Organización Internacional para el Estado de Derecho y Desarrollo.
El proyecto, diseñado para ejecutarse durante dos años con posibilidad de extensión hasta 2026, tenía como objetivo principal fortalecer la rendición de cuentas de los máximos responsables de crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
El propósito de esta iniciativa era contribuir de manera significativa a la eficacia de la JEP en su misión de garantizar justicia y reparación para las víctimas del conflicto.
La decisión de suspender el financiamiento responde a una política de revisión exhaustiva de los proyectos de cooperación internacional, establecida por la administración de Trump.
En la comunicación enviada por SáCouto, se señala que los desembolsos quedarán en pausa mientras las autoridades correspondientes evalúan el proyecto. “Estaremos en contacto una vez que el proyecto haya sido revisado por las autoridades respectivas. Esperamos poder reanudar las actividades una vez concluida la revisión”, se lee en el documento.
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