El procurador General Gregorio Eljach respondió de manera contundente a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, tras los señalamientos que esta hizo sobre las actuaciones de la Procuraduría Delegada Ambiental y Agraria en relación con la suspensión del muelle 13 en Buenaventura.
“Me corresponde notificar y actuar conforme a los reglamentos, no por medio ni redes ni alaridos que nadie pegue. Yo actúo conforme el reglamento me lo ordena”, expresó Eljach.
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El procurador también enfatizó que no ha tenido comunicación oficial de la ministra sobre el tema. “No he tenido la oportunidad de escuchar ese clamor de la señora ministra que quisiera saberlo oficialmente”, añadió.
El origen de la controversia
A principios de enero de 2025, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ordenó la suspensión del muelle 13 por presuntas irregularidades ambientales.
Según explicó la ministra Muhamad, esta medida preventiva se tomó tras detectar incumplimientos en la operación del muelle, que lleva más de una década funcionando sin el debido control.
“No entendemos cómo una entidad como la Procuraduría, que debe defender el ambiente, busca reducir una medida tomada por la autoridad ambiental, especialmente cuando la evidencia técnica es clara”, afirmó la ministra, en declaraciones recogidas por medios de comunicación.
Muhamad también solicitó al procurador Eljach que examine las recientes actuaciones de la Procuraduría Delegada Ambiental y Agraria, ya que considera que las decisiones de esta entidad han carecido de fundamentos técnicos y jurídicos sólidos.
La ministra enfatizó que la suspensión no busca obstaculizar el desarrollo económico, sino garantizar que este se lleve a cabo respetando las normativas ambientales vigentes. “Es una labor constitucional de control que no se cumplió por más de 10 años en Buenaventura”, señaló la ministra, destacando la importancia de proteger los recursos naturales y los derechos ambientales de la población.
El Gobierno busca devolver el muelle 13 de Buenaventura a las comunidades pesqueras, según la ministra de Transporte
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene como prioridad entregar el muelle 13 de Buenaventura a las comunidades locales, especialmente a los pescadores artesanales, con el objetivo de fomentar un mejor aprovechamiento de esta infraestructura.
Según explicó en una entrevista con W Radio, esta decisión responde a una instrucción directa del mandatario, aunque hasta el momento no se ha logrado cumplir con dicha orden.
De acuerdo con lo señalado por la ministra, el proceso para garantizar que el muelle sea gestionado por las comunidades enfrenta múltiples desafíos legales y administrativos.
“El presidente había dado una instrucción clara porque había que hacer un cambio para fortalecer las organizaciones de pescadores en torno al aprovechamiento de los muelles, pero esa orden no se cumplió, es más, se hizo lo contrario; entonces pues yo tengo que defender el interés de lo público”, expresó Rojas durante la entrevista.
La funcionaria también destacó que su llegada al Ministerio de Transporte tiene como uno de sus principales objetivos completar este trabajo pendiente, asegurando que el enfoque del Gobierno es fortalecer a las comunidades pesqueras y garantizar que la infraestructura portuaria genere beneficios tanto para las regiones como para el país en general.
Litigios y decisiones judiciales en torno al muelle 13
El caso del muelle 13 no solo ha sido un tema de debate administrativo, sino también judicial. Según informó W Radio, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca determinó recientemente que el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Francisco Ospina, no ha incurrido en desacato en relación con este asunto.
Esta decisión fue celebrada por la ministra Rojas, quien consideró que los tribunales comienzan a respaldar las acciones del Gobierno en este tema.
La ministra explicó que el proceso de revisión sobre el futuro del muelle continúa en curso, pero reiteró que el objetivo principal es cumplir con la directriz presidencial de convertir los muelles en herramientas productivas para las comunidades locales.
“Yo quiero recordar que aquí el presidente de la República había dado una instrucción antes de que llegara el momento de decidir sobre la concesión, sobre unos contratos de arrendamiento; esto tiene un montón de variables jurídicas y administrativas que han estado en litigio hoy en día”, señaló.
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