Estas han sido las prisioneras más famosas que han sido recluidas en la cárcel El Buen Pastor, donde Epa Colombia purgará su condena

La decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia al ratificar la condena en contra de empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, siguió generando reacciones entre sus detractores y seguidores al conocerse que purgará su condena en la cárcel de mujeres El Buen Pastor.

Este centro carcelario, ubicado en el noroccidente de Bogotá, a pocas cuadras de la estación de TransMilenio Carrera 47, en la localidad de Barrios Unidos, ha sido la prisión que ha albergado a varias delincuentes cuyo impacto en entramados de corrupción o peligrosidad las ha llevado a ser recluidas allí. Dentro del penal, existe un pabellón especial, el número 8, conocido como “VIP” (abreviatura en inglés de very important person, o persona muy importante en español), donde han estado detenidas figuras de alto perfil judicial.

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En ese pabellón son pocas las reclusas que se alojan, y aún no se ha confirmado si Daneidy Barrera Rojas será ubicada allí. En este centro de reclusión, deberá cumplir la pena de cinco años, tres meses y quince días impuesta por la Corte Suprema, tras ser declarada culpable de los delitos de perturbación en el servicio público de transporte colectivo, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

Todo esto al tener en cuenta el video que la misma Epa Colombia subió a sus redes donde se registró destruyendo con un martillo algunos elementos de la estación Molinos, y golpeando articulados.

Esta determinación de la Corte dejó sin chances los recursos que interpuso en medio de la audiencia que concluyó la mañana del miércoles 29 de enero, y donde su abogado defensor, Ómar Ocampo Hoyos, argumentó que ella es madre cabeza de hogar.

Incluso, Ocampo fue más allá al expresar en declaraciones a medios de comunicación que buscarían hablar con el presidente Gustavo Petro para que fuera nombrada gestora de paz. Esto, explicó el jurista, se tendría que tener en cuenta debido a la designación como cónsul de paz por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos que recibió Epa Colombia, efectuada en octubre de 2022, casi tres años después del fatídico episodio, que ocurrió el 22 de noviembre de 2019. Todo en medio de las jornada de movilización y protestas que se dieron en Colombia durante el estallido social (entre 2019 y 2021).

Con la decisión en firme, y tras conocerse cómo será su centro de reclusión, Infobae Colombia hizo un recuento de las presas más famosas que han pasado por los pabellones de este centro reclusorio:

Un escándalo judicial llevó tras las rejas a la periodista y presentadora Adriana Arango. Esto se dio en 2008, cuando Arango y su esposo fueron acusados de captar dinero ilegalmente y de estafa, a raíz de la quiebra de su empresa de exportación de flores.

Debido a la crisis financiera que vivió su negocio, cerca de 200 personas que invirtieron en la empresa se quedaron esperando que les devolviera su dinero. En consecuencia, en 2009 Arango fue condenada a seis años y dos meses de prisión, pero solo cumplió nueve meses de su condena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Esto fue posible gracias a un recurso que presentó su defensa, y que le permitió cumplir el resto de la pena en casa por cárcel. El argumento principal fue que ella tenía hijos menores de edad (este recurso será tenido en cuenta por la defensa de Epa Colombia).

Tras cumplir con su condena con medida domiciliaria que culminó en 2015, Arango se alejó de los sets de grabación y la televisión. En la actualidad produce un pódcast llamado Relatos de Libertad.

Esta mujer, junto a alias La Bruja, pueden ser consideradas dos de las mujeres más famosas de Colombia que han pisado sus instalaciones.

En el caso de Aida Merlano Rebolledo, luego de su fuga el 1 de octubre de 2019, cuando aprovechó un permiso para asistir a una clínica dental en el norte de Bogotá, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó, el miércoles 6 de noviembre de 2024, la condena impuesta a la excongresista por el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales.

Esto se dio a raíz de la investigación que se le abrió durante las elecciones al Congreso de la República en marzo de 2018. Merlano Rebolledo, que venía de desempeñarse como representante a la Cámara por el Partido Conservador en el periodo 2014-2018, aspiraba a uno de los escaños en el Senado.

Sin embargo, un allanamiento que se realizó a la sede de campaña de la entonces candidata terminó con el hallazgo de varios documentos y comprobantes de giros de cheques, “cuyos beneficiarios fueron personas vinculadas de una u otra manera a la campaña de Merlano Rebolledo”, indicó en un comunicado en su momento la Corte Suprema de Justicia.

En su fuga, Aida Merlano tenía programada una cita para continuar un tratamiento dental en el consultorio del Centro Médico La Sabana. Sin embargo, a las 3:00 p. m., mientras estaba acompañada por su hija, Aida Victoria Merlano, decidió escapar.

La excongresista se lanzó desde el tercer piso usando una cuerda que ya se encontraba en el lugar, en lo que habría sido un plan organizado con anticipación. En un video de seguridad del edificio se observa el momento en que Merlano cae al suelo. De inmediato, un motociclista, que la esperaba como si se tratara de un servicio de transporte solicitado por aplicación, la ayudó a huir.

Los ciudadanos quedaron atónitos al ver la escena, donde la fugitiva se puso el casco y abordó el vehículo con rumbo desconocido. Tiempo después se vino a conocer que ella se ocultaba en Venezuela. Desde allí hizo una gravísima acusación. En marzo de 2023 fue extraditada a Colombia.

“Yo le comenté a Julio, hijo de Julio Gerlein, que tenía tres citas, porque tengo un diseño de sonrisa que me quité. Cuando le dije que tenía esas citas, ellos se reúnen y me llaman a los teléfonos que están en la cárcel (...) Cualquier día me llaman a decirme en una videollamada que todo estaba listo y cuando me llaman me pasan a una persona, un señor moreno que me dice que saque un cuaderno. Es una persona desconocida, pero contratada para mi fuga, yo no lo conozco. Sacó unos planos y sobre ellos trabajamos. Eran planos del consultorio y de la calle, ahí me dijo cómo debía hacer todo y por qué ventana brincar”, dijo en su momento la hoy procesada.

El abogado defensor de la excongresista, Miguel Ángel del Río, ha expresado a la opinión pública y las autoridades el deseo de su clienta para que sea trasladada a otro centro carcelario, debido a que ella considera que estando privada en ese lugar estaría en riesgo su vida.

Es una de las más recordadas por una asesina serial. María Concepción Ladino, alias La Bruja, fue una mujer que en la década de los 90 generó temor entre los colombianos por cometer seis homicidios. En cada uno de ellos las víctimas sufrieron de actos macabros.

En uno de aquellos crímenes, quemó viva a una de las personas que cayó en sus garras. En otro caso mató a pedradas a uno de los que se topó con ella.

Para tales fines, alias La Bruja se valía de presuntos ‘conocimientos sobrenaturales’, con el fin de realizar millonarias estafas que terminaron con homicidios escabrosos. El centro de operaciones de esta criminal se hallaba en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Sus primeras víctimas se conocieron luego de que ellas cayeron en engaños sobre ayudas económicas y de salud que iban a recibir, pero lo único que obtuvieron fue la muerte.

A pesar de que fue detenida por la muerte de Nebardo Adalberto Guevara, que habría sido estafado con dos automóviles, fue liberada por falta de pruebas. Sin embargo, sus acciones no solo fueron en la capital del país, sino que se trasladó a Bucaramanga (Santander) e inmediaciones del municipio de Cáqueza (Cundinamarca).

Esto llevó a que en 1999 la Fiscalía General la aprehendiera. Esto desembocó en la condenada a más de 40 años de prisión en la cárcel El Buen Pastor por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con estafa.

La ex congresista colombiana Eleonora Pineda fue detenida por su presunta vinculación con grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y reconoció en septiembre de 2007 su culpabilidad en el cargo de concierto para delinquir.

Pineda realizó esta declaración en la sede central de la Fiscalía General en Bogotá, donde acudió como parte de un proceso judicial relacionado con el sonado escándalo conocido como la “parapolítica”, que evidenció los nexos entre políticos y grupos armados ilegales, sobre todo en la región Caribe. y departamentos próximos. Esto se conoció como el famoso pacto de Ralito.

En su intervención, Pineda aceptó los cargos y manifestó su disposición a someterse a una sentencia anticipada, un procedimiento que permite reducir la duración del juicio mediante la confesión. “Hoy acepto el cargo que se me imputa y acepto la sentencia anticipada que se imponga, como un acto de fe en mis propias convicciones políticas”, expresó la ex diputada, que ocupó un escaño en la Cámara de Representantes entre 2002 y 2006.

Eleonora Pineda, que antes de llegar al Congreso se desempeñó como concejal del municipio de Tierralta (Córdoba), justificó sus acciones como parte de una gestión orientada a promover la paz en el país, un objetivo que, según ella, coincidió con su labor legislativa. Durante su tiempo en el Congreso, Pineda expresó de manera abierta su admiración hacia los altos mandos de las AUC, una organización paramilitar que operó en Colombia durante décadas.

La excongresista, junto con la exsenadora Rocío Arias, respaldaron el proceso de paz impulsado por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Este proceso, que se desarrolló entre diciembre de 2002 y mediados de 2006, culminó con el desarme de más de 31.000 combatientes de las AUC.

Sin embargo, y tras las declaraciones de Salvatore Mancuso (hoy gestor de paz y que antes fue un poderoso exnarcotraficante y comandante de las AUC colombiano (que también goza de la nacionalidad italiana), excomandante de las Autodefensas), Pineda y que hacen parte del proceso,

Al igual que con Aída Merlano Rebolledo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia tuvo que salir a ratificar en mayo de 2022 la condena de cinco años de prisión contra Silvia Gette Ponce, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, por el delito de abuso de confianza calificado y agravado.

El fallo confirmó que Gette se apropió de un millón de dólares pertenecientes a la institución educativa, un caso que ha atravesado múltiples instancias judiciales antes de llegar a esta resolución definitiva.

De acuerdo con el medio, la decisión del máximo tribunal se produjo luego de que Gette intentara revertir la condena mediante un recurso, el cual fue desestimado. La Corte Suprema no solo confirmó la pena de prisión, sino que también impuso una multa equivalente a 217,5 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de la condena.

Gette también fue capturada por ser la presunta dinamizadora del homicidio del ganadero Fernando Cepeda, que según mencionó El Tiempo en ese entonces, y de acuerdo con lo que mencionaron varios jefes paramilitares, habría sido cometido por las AUC por petición de la exrectora. Para ello habría pagado 150 millones de pesos. Además habría sobornado a un testigo para que cambiara su versión en medio del proceso judicial.

El 29 de mayo de 2019, el Juzgado Once Penal del Circuito de Barranquilla emitió la primera condena contra Silvia Gette, declarando su culpabilidad por el delito de abuso de confianza agravado. Sin embargo, el caso dio un giro en abril de 2021, cuando el Tribunal Superior de Barranquilla dictaminó que el proceso había prescrito, lo que habría liberado a Gette de cualquier responsabilidad penal.

Esta decisión fue apelada tanto por la Fiscalía General de la Nación como por el abogado de las víctimas, quienes argumentaron que el fallo del tribunal no era procedente.

La presencia de figuras de alto perfil en el Pabellón Número 8 ha sido objeto de debate público. Yidis Medina, por ejemplo, fue condenada por su papel en el escándalo de cohecho que permitió la reelección presidencial de Álvaro Uribe.

Por su parte, Margarita Pabón fue una de las protagonistas del caso DMG (la captadora de dinero de Daniel Murcia Guzmán), una de las mayores estafas piramidales en la historia reciente de Colombia. Sin embargo, el 28 de marzo de 2023 un documento que llegó al mismo portal web mencionó que “la señora Margarita Leonor Pabón Castro, el 19 de abril de 2022, el Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad tomó la decisión de la Extinción de la condena y liberación definitiva de la señora Pabón Castro en lo que corresponde con el delito de Concierto para delinquir”.

En tanto que Alba Luz Flórez, conocida como ‘La Mata Hari’, estuvo involucrada en el caso de las interceptaciones ilegales del DAS, un escándalo que sacudió al país por las implicaciones en violaciones a la privacidad y derechos humanos.

Una de las internas más destacadas es Blanca Jazmín Becerra, conocida como “el cerebro del desfalco a la Dian”. Según informó Las Dos Orillas, Becerra, que trabajó como funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), diseñó un esquema que permitió el robo de más de 30.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 7,5 millones de dólares).

Sin embargo, las autoridades estiman que el fraude total superó los 100.000 millones de pesos (25 millones de dólares). Tras renunciar a su cargo en la Dian, Becerra implementó un sistema de falsificación de documentos y simulación de exportaciones para obtener devoluciones fraudulentas del IVA.

Con los recursos obtenidos, acumuló bienes valorados en más de 20.000 millones de pesos (5 millones de dólares). Actualmente, cumple su condena en el penal, y aunque fue sentenciada a 16 años de prisión.

Junto a Becerra, también se encuentra recluida Sandra Liliana Rojas, quien fue señalada como su principal colaboradora en el esquema de fraude. El mismo medio resaltó que Rojas participó de manera activa (era la contadora) en la falsificación de facturas y otros documentos que sustentaban las devoluciones fraudulentas de impuestos. Por estos hechos, recibió una condena de 12 años.

Otra de las internas del pabellón 8 es Claudia Jaramillo Palacios (esposa de Alejandro Corridori), vinculada al caso de Interbolsa, uno de los mayores escándalos financieros en la historia reciente de Colombia. Según la Fiscalía, Jaramillo estuvo involucrada en el desfalco que dejó pérdidas superiores a los 150 millones de dólares y afectó a más de 1.200 inversionistas.

El pabellón también alberga a Claudia Patricia Carvajal, exfuncionaria de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), quien fue condenada por su participación en un millonario desfalco dentro de la entidad. Según consignó el medio, Carvajal no ha mostrado remordimiento por sus actos y, en ocasiones, se ha jactado frente a otras internas de los beneficios económicos que obtuvo durante su tiempo en la Aerocivil.