Cuota alimentaria: esto es lo que puede hacer si cree que se malgasta el dinero que da para su hijo

En Colombia, la Ley 1098 de 2006, más conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, establece que los padres tienen la obligación de aportar una cuota alimentaria para garantizar el bienestar de sus hijos menores de edad.

Esta cuota cubre necesidades esenciales como alimentación, salud, educación y vestimenta; sin embargo, una de las inquietudes más frecuentes de los padres que cumplen con esta obligación es si tienen derecho a exigir facturas o un desglose detallado de cómo se gasta el dinero.

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El abogado Jimmy Jiménez, abogado de familia en el Bufete Integrity Legal, abordó esta cuestión en un video publicado en su cuenta de TikTok, en el que explicó que, aunque el dinero de la cuota debe ser utilizado exclusivamente para el beneficio del menor, el progenitor que la paga no cuenta con posibilidades de exigir rendición de cuentas detallada.

Según Jiménez, es importante manejar con cautela esta inquietud, ya que insistir en conocer con exactitud en qué se invierte el dinero podría interpretarse como una forma de violencia económica o patrimonial dentro del núcleo familiar.

“La cuota alimentaria no es para que la mamá se enriquezca o la gaste en lo que quiera, en eso tiene razón; sin embargo, el padre tampoco puede vigilar ni exigir cada factura para determinar en qué se está usando el dinero”, explicó el abogado.

Esta limitación puede generar frustración en muchos padres que creen que el dinero no se está destinando correctamente a las necesidades del menor; sin embargo, Jiménez advirtió que la ley no contempla un mecanismo de fiscalización directa sobre los gastos de la manutención.

Por tal motivo, si un padre considera que la cuota alimentaria no está siendo utilizada adecuadamente, el abogado Jiménez sugirió actuar con prudencia y no recurrir a exigencias de facturas que podrían ser interpretadas como acoso económico.

En cambio, recomendó que si existen pruebas contundentes de que el dinero no se está destinando a la manutención del menor, el progenitor afectado puede solicitar un reajuste de la cuota alimentaria ante un juez de familia.

Este proceso implica presentar pruebas que respalden la acusación tales como testimonios, informes sobre el bienestar del menor o cualquier otro documento que demuestre que la manutención no se está utilizando correctamente.

“Si usted tiene pruebas certeras, contundentes, lo que sí puede hacer es iniciar un proceso legal para solicitar un reajuste de la cuota y pedirle al juez que revise el manejo que se le está dando”, explicó el abogado.

El monto de la cuota alimentaria se establece con base en dos factores principales: los ingresos del padre o madre que la paga y las necesidades del menor; no obstante, existen circunstancias en las que esta cuota puede ser revisada y ajustada, ya sea para aumentar o disminuir su valor.

De acuerdo con el abogado Jimmy Jiménez, los siguientes factores pueden justificar una revisión de la cuota alimentaria:

• Disminución de la cuota alimentaria

Se puede solicitar una reducción de la cuota cuando el progenitor obligado a pagarla experimenta una reducción en sus ingresos.

Esto puede ocurrir por diversas razones como la pérdida del empleo o una disminución significativa en sus ingresos por cuenta propia.

En estos casos, se debe presentar documentación que respalde la solicitud, como cartas de despido, estados de cuenta o declaraciones de ingresos.

Además, otra razón que podría justificar la reducción de la cuota es una disminución en los gastos del menor; por ejemplo, si el niño o niña culmina una etapa educativa que implicaba altos costos o si deja de requerir ciertos tratamientos médicos, el padre que paga la manutención puede solicitar que se ajuste el monto de la cuota.

• Aumento de la cuota alimentaria

Por otro lado, si las necesidades del menor aumentan de manera imprevista, el progenitor que recibe la cuota alimentaria puede pedir un incremento del monto. Algunas de las situaciones que pueden justificar un aumento incluyen:

• Enfermedades crónicas o condiciones médicas que requieren tratamientos costosos.
• Incremento en los costos educativos, como matrícula en una institución privada o estudios especializados.
• Cambios significativos en el nivel de vida del menor que hagan necesario un ajuste en la manutención.

Al respecto, Jiménez enfatizó que la ley protege el bienestar del menor y permite realizar estos ajustes cuando hay pruebas de que las circunstancias económicas o las necesidades del niño han cambiado de manera sustancial.