La Contraloría Distrital está revisando la fase VI de compra de buses de Transmilenio, que tiene como propósito la incorporación de 613 buses eléctricos de cero o bajas emisiones para los nuevos corredores de Bogotá: la avenida 68, la calle 13 y la extensión de la avenida Ciudad de Cali.
De acuerdo con W Radio, el organismo de control inició una investigación detallada en la licitación, debido a que existen indicios que podrían beneficiar exclusivamente a ciertos proveedores de buses de Transmilenio.
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Según el citado medio, la Contraloría de Bogotá le pidió a Transmilenio aclarar si en la licitación se tuvieron en cuanta todas las tecnologías con estándares de emisión Euro VI, con el propósito de garantizar la libre competencia, la eficiencia, la selección objetiva y la pluralidad de oferentes en los prepliegos del proceso.
Asimismo, cuestionó los fundamentos y análisis técnicos que llevaron a la decisión de autorizar solamente la participación de tecnologías de cero emisiones, lo que, según el organismo de control, favorecería a un único proponente.
La Contraloría también se encuentra investigando las difíciles relaciones entre el Gobierno Petro y la Alcaldía de Bogotá en torno al financiamiento del sistema de transporte.
“¿Cómo se armonizará esto con el déficit del Fondo de Estabilización Tarifario, que actualmente supera los tres billones de pesos, considerando el anuncio del presidente de la República de no aportar recursos del orden nacional hasta que no se modifiquen las condiciones del sistema frente a los operadores privados?”, cuestionó el ente de control.
Además, expresó su preocupación en la infraestructura necesaria para la llegada de los nuevos buses, especialmente con el suministro de energía.
“¿Por qué no se incluyen las especificaciones de la infraestructura de suministro de Gas Natural Vehicular (GNV) u otros energéticos en el Pliego de Condiciones y sus Anexos? ¿En qué proceso de selección se contemplará la implementación y gestión operativa de este energético?”, se lee en el documento.
Hallazgos fiscales
Tras una actuación especial de fiscalización en la Secretaría de Movilidad, la Contraloría de Bogotá configuró hallazgos con incidencia fiscal por $4.456 millones, por falta de gestión en el cobro efectivo de más de tres mil multas por infracciones de tránsito asociadas a 319 acuerdos de pago prescritos mediante actos administrativos que fueron expedidos entre las vigencias 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
“En efecto, el organismo de control fiscal encontró que la Secretaría de Movilidad no cumplió con los criterios aplicables en el recaudo, lo cual habría impactado las arcas del Distrito y fomentado la cultura del no pago”, indicó la Contraloría.
Durante esta actuación especial de fiscalización que fue ordenada por el contralor, Julián Mauricio Ruiz, la Dirección del Sector Movilidad de la Contraloría verificó y examinó la base de datos suministrada por la Secretaría de Movilidad, revisó la gestión de cobro y las facilidades de pago otorgadas a los infractores, y también observó el estado financiero y del recaudo; lo cual permitió establecer que las prescripciones de las acciones de cobro se debieron a omisiones e ineficiencias administrativas.
En el mismo ejercicio de control fiscal, la Contraloría examinó el cumplimiento de las normas aplicables a la Secretaría de Movilidad tales como leyes, decretos, acuerdos y manuales de cobro cartera, a fin de determinar en qué medida la entidad logró sus objetivos y cumplió con sus obligaciones en la gestión de cobro.
Al final, la Contraloría encontró que la inactividad de la Administración al no ejecutar la totalidad de los mecanismos que establecen la Ley y los manuales de cartera adoptados por la Secretaría de Movilidad (que permiten ejercer el cobro en forma oportuna), llevó a la solicitud por parte de los contraventores para que se decretara la prescripción del derecho a ejercer la acción de cobro de las obligaciones.
“Este tipo de situaciones no solo afectan las finanzas del Distrito, sino además fomentan la cultura del no pago en nuestra ciudad”, manifestó el Contralor Julián Mauricio Ruiz.
Los hallazgos por $4.456 millones fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para lo de su competencia.
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