La incertidumbre sobre el futuro de Daphne Samara, hija Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, se convirtió en una de las principales preocupaciones tras la condena de la influenciadora. La empresaria de productos capilares recibió una sentencia de cinco años y dos meses de prisión por los hechos de vandalismo ocurridos en 2019, durante el Paro Nacional. En aquel episodio, fue señalada de haber causado daños significativos en una estación de TransMilenio en Bogotá, donde destruyó puertas, torniquetes y parte de la infraestructura del sistema.
Su captura se produjo el 28 de enero en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), cuyos agentes la trasladaron al búnker de la Fiscalía General de la Nación. En videos difundidos sobre el procedimiento, se le observó esposada y escoltada por uniformados, sin emitir palabra alguna.
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Al día siguiente, el 29 de enero, la creadora de contenido compareció de manera virtual para la lectura de su sentencia, en la que se confirmó no solo su condena, también la negativa a concederle el beneficio de detención domiciliaria. La decisión judicial generó reacciones inmediatas, especialmente por el impacto que tendría en su hija. El abogado de la empresaria, Ómar Ocampo, expresó su preocupación por la falta de consideración hacia la situación de su representada como madre cabeza de familia. El jurista manifestó que la justicia no está teniendo en cuenta su rol como madre y los derechos de su hija.
El abogado insistió en que la situación de la menor debe ser considerada con mayor atención dentro del proceso legal, argumentando que su representada era una madre cabeza de familia y que, por lo tanto, había principios constitucionales e internacionales que debían prevalecer en la toma de decisiones judiciales.
Desde el momento en que se ratificó la condena de Barrera, su hija quedó en una situación que, según el, se asemeja al abandono, pues no solo perdió la lactancia materna, también el acompañamiento y la protección que su madre le brindaba diariamente. “Daneidy Barrera Rojas es madre cabeza de familia con una menor de edad de nueve meses de nacida y hay unos intereses internacionales y constitucionales que prevalecen”, expresó Ocampo, destacando que estos elementos no fueron tomados en cuenta en la sentencia emitida.
El jurista aseguró que desde el lunes 27 de enero, día en que se hizo pública la decisión judicial, la pequeña quedó en una situación de vulnerabilidad que, en su criterio, exigía una acción inmediata. “Pedí la protección para esa menor, se quedó sin la lactancia de su madre, sin el calor que se merece por ser natural. Hoy en día no está siendo protegida. No es el derecho de Daneidy Barrera Rojas, es el derecho de una menor de pocos meses de nacida”, declaró.
Así mismo, insistió en que la situación de su hija requería una respuesta inmediata por parte del Estado, al considerar que se estaba vulnerando el derecho fundamental de la menor a estar con su madre. Enfatizó que este no era un asunto menor ni una simple petición, sino una necesidad que debía ser atendida con urgencia. “El país entero debe protestar porque no debemos aceptar una desatención del Estado, es decir, hay que materializar los derechos. Es urgente y prevalente para esta menor”, afirmó.
Mientras se adelantan las gestiones legales para revisar la decisión que dejó a Barrera en prisión, el abogado confirmó que la hija de la empresaria, Daphne Samara, actualmente está bajo el cuidado de su abuela materna y del resto de su familia. En este momento, la menor se encuentra resguardada en un entorno familiar, pero la defensa de Barrera continúa explorando mecanismos para garantizar que su bienestar no se vea afectado por la separación forzada de su madre.