A partir del 1 de julio de 2025, en Colombia entrará en vigor la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, que se basa en un sistema de pilares (semicontributivo, contributivo, voluntario y de ahorro solidario).
Con ella, se viene una serie de modificaciones al sistema de pensiones que buscan resolver deudas históricas con trabajadores, cuyos empleadores no hicieron los aportes correspondientes antes de 1994. La norma incluye medidas para garantizar el pago de pensiones a quienes no vieron reflejados esos aportes debido a incumplimientos de las empresas, con lo que se establece un marco legal para formalizar estas obligaciones.
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La reforma contempla la regularización de las deudas pensionales acumuladas por los trabajadores con trabajadores que prestaron sus servicios antes del 31 de marzo de 1994. Estas obligaciones, que no fueron reconocidas ni pagadas bajo la figura de conmutación pensional, serán incluidas en un nuevo mecanismo diseñado para garantizar el cumplimiento de los pagos.
El sistema también tendrá en cuenta las semanas de cotización que no fueron reportadas por las empresas, lo que permitirá a los trabajadores recuperar el tiempo perdido en sus aportes.
La ley establece que el cálculo de estas deudas se hará con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado anual por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), al que se sumará un incremento del 3% de efectivo anual. Dicho ajuste busca reflejar el impacto de la inflación en los montos adeudados, asegurando que los pagos sean justos y actualizados.
Herramientas para garantizar el cumplimiento
La reforma también establece que las deudas pensionales serán respaldadas por cálculos actuariales y títulos o bonos pensionales, que tendrán mérito ejecutivo. Esto significa que, en caso de que un empleador no cumpla con sus obligaciones, las administradoras de pensiones podrán declarar la mora y proceder con el cobro coactivo de los montos adeudados.
Quién hará los cobros
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) será la entidad encargada de llevar a cabo estos cobros, incluyendo aquellos relacionados con empresas reportadas por las administradoras de pensiones, según el documento que se aprobó en el Congreso de la República.
Además, la norma establece que, en los casos en que un empleador no haya afiliado a un trabajador al sistema de pensiones antes de la fecha límite de 1994, ya sea por falta de cobertura de la entidad de seguridad social o por actos de fuerza mayor, se aplicará el mismo cálculo basado en el IPC más el 3% anual.
El mecanismo busca garantizar que los trabajadores afectados puedan acceder a los beneficios pensionales que les corresponden.
Impacto y próximos pasos
Las modificaciones al sistema de pensiones representan un avance importante en la protección de los derechos de los trabajadores colombianos, en especial en aquellos que enfrentaron dificultades para acceder a pensiones debido a incumplimientos históricos de sus transacciones. La implementación de estas está sujeta a la resolución de las demandas presentadas ante la Corte Constitucional, lo que podría influir en el alcance y la aplicación de la reforma.
El nuevo marco legal no solo busca saldar deudas pendientes, sino también establecer un precedente para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Al formalizar las obligaciones de los trabajadores y proporcionar herramientas para el cobro de deudas, el sistema de pensiones colombiano se encamina hacia una mayor equidad y transparencia.
Con estas medidas, el Gobierno colombiano espera resolver una problemática que ha afectado a millas de trabajadores durante décadas, garantizando que puedan acceder a una pensión digna y acorde con los años de servicio prestados.
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