La erradicación de cultivos ilícitos en Colombia alcanza su nivel más bajo en una década: el país en la mira de Donald Trump

El Gobierno nacional cerró 2024 con un balance preocupante en la lucha contra los cultivos ilícitos.

Según cifras publicadas por el Ministerio de Defensa, el país logró erradicar 9.403 hectáreas de cultivos de coca mediante la modalidad de erradicación forzada, un resultado que no solo quedó por debajo de la meta establecida de 10.000 hectáreas, también representa el nivel más bajo de erradicación en los últimos diez años. Este dato pone en evidencia los desafíos que enfrenta el Gobierno en su estrategia antidrogas.

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El contraste con años anteriores es significativo. En 2020, durante el gobierno Duque, se alcanzó un récord de 130.147 hectáreas erradicadas. En 2023, ya bajo la administración del presidente Gustavo Petro, la cifra se redujo drásticamente a 20.323 hectáreas, mientras que en 2022 se habían erradicado 68.893 hectáreas. Este descenso sostenido en los resultados de erradicación forzada ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas actuales y su impacto en la lucha contra el narcotráfico.

El aumento de las hectáreas de cultivos de coca en Colombia podría convertirse en un nuevo punto de tensión entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración de Donald Trump. Según analistas consultados por El Tiempo, el tema de la lucha antidrogas podría ser el próximo eje de conflicto entre ambos gobiernos, especialmente tras la reciente crisis diplomática relacionada con los deportados.

En este contexto, términos como “glifosato”, “descertificación” y “revisión de ayudas” podrían volver a ocupar un lugar central en el debate bilateral. La descertificación, en particular, es una medida que Estados Unidos ha utilizado en el pasado para presionar a países que considera no están cumpliendo con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico. Una eventual revisión de las ayudas estadounidenses a Colombia también podría tener implicaciones significativas para la estrategia antidrogas del país.

Uno de los factores que contribuyó al incumplimiento de la meta de erradicación en 2024 fueron los problemas relacionados con la contratación. Aunque no se especificaron los detalles de estas dificultades, su influencia en la reducción de las hectáreas erradicadas es evidente. Este tipo de obstáculos administrativos podría estar afectando la capacidad operativa de las fuerzas encargadas de llevar a cabo estas labores, como la Policía Antinarcóticos.

La modalidad de erradicación forzada es una de las principales herramientas del gobierno para combatir los cultivos ilícitos, y su desempeño está directamente relacionado con la cantidad de hectáreas de coca sembradas en el territorio nacional. De acuerdo con la cartera, estas cifras son un indicador clave en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en un contexto en el que las hectáreas de cultivos de coca en Colombia superan las 253.000.

En contraste con los resultados de erradicación, el presidente Gustavo Petro destacó como uno de los principales logros de su gobierno, en 2024, la incautación de 849 toneladas de cocaína. Según declaraciones del mandatario, su administración ha optado por priorizar la persecución de los narcotraficantes y la incautación de drogas, lo que deja de lado las estrategias como la fumigación aérea con glifosato, que en el pasado generaron controversias por sus impactos en las comunidades campesinas y el medio ambiente.

En su momento, Petro afirmó: “Nuestra apuesta por dejar de fumigar campesinos y enfocarnos en incautar y perseguir a los narcos está dando resultados”. Sin embargo, este enfoque ha sido objeto de críticas, especialmente desde sectores internacionales como el gobierno de los Estados Unidos, que vinculan el aumento de los cultivos ilícitos con una posible falta de efectividad en las políticas antidrogas del país.

El balance de 2024 deja en evidencia los retos que enfrenta el gobierno colombiano en su lucha contra el narcotráfico. Mientras que las incautaciones de cocaína han sido destacadas como un logro importante, la reducción en las cifras de erradicación forzada y el aumento de los cultivos ilícitos plantean interrogantes sobre la efectividad de las políticas actuales. Además, las tensiones con Estados Unidos podrían añadir una capa adicional de complejidad a este panorama.

La estrategia del Gobierno de Gustavo Petro parece estar en una encrucijada, con la necesidad de equilibrar las demandas internas e internacionales en la lucha contra el narcotráfico, mientras enfrenta desafíos operativos y administrativos que limitan su capacidad de acción. El 2025 será crucial para determinar si este enfoque logra resultados sostenibles o si será necesario replantear las políticas actuales para enfrentar de manera más efectiva el problema de los cultivos ilícitos en Colombia.