Las condiciones a las que habrían sido sometidos los menores de edad deportados desde Estados Unidos hacia Colombia generaron alarma, tras conocerse algunas denuncias que señalan tratos denigrantes durante el proceso de repatriación.
Según informó Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), algunos de los niños habrían sido encadenados antes de ser trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), lo que motivó una investigación para esclarecer los hechos.
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Durante una rueda de prensa, Cáceres confirmó que las denuncias provienen de los propios menores y sus familias, que relataron episodios que califican como inhumanos. Según detalló la funcionaria, los testimonios incluyen prácticas como obligar a los niños a levantarse a las 3 de la mañana, bañarse con agua fría y presenciar malos tratos hacia sus padres.
Estas experiencias, señaló, han dejado secuelas emocionales significativas en los menores, quienes ahora enfrentan un proceso de recuperación psicológica y emocional.
“Sí, lamentablemente parece que el trato a los niños y las niñas en ese marco de esa deportación anterior era bastante denigrante”, expresó Cáceres.
La directora del Icbf subrayó que actualmente se están recopilando todos los testimonios y evidencias para elaborar un informe formal sobre la situación. Este documento será clave para determinar las acciones a seguir y garantizar que no se repitan este tipo de vulneraciones a los derechos de los menores.
“Vamos a hacer un reporte completo de lo que nos han contado a los niños y las niñas, pero estamos hablando, por ejemplo, de levantarnos a las 3 de la mañana, bañarse con agua fría, eh ver también los malos tratos a sus papás y eso también genera un traumatismo importante que es el que tenemos que empezar a reparar porque pues obviamente los migrantes no son delincuentes y en este caso hay que mantener pues la dignidad y el trato a los niños y las niñas”, agregó Cáceres.
La directora destacó que las condiciones denunciadas no solo afectan esencialmente a los menores, sino que también generan un impacto emocional profundo.
Según explicó, el hecho de presenciar malos tratos hacia sus padres agrava el trauma, ya que los niños no solo enfrentan el estrés de la deportación, sino también la angustia de ver a sus familiares en situaciones de vulnerabilidad. “Obviamente los migrantes no son delincuentes y en este caso hay que mantener la dignidad y el trato a los niños y las niñas”, enfatizó la funcionaria.
Por su parte, también anunció que el Icbf asumió la tarea de brindar apoyo integral a los menores y sus familias, con el objetivo de reparar los daños causados por estas experiencias. Este proceso incluye atención psicológica y social, así como la garantía de condiciones dignas para los niños que regresan al país.
Cáceres insistió en la importancia de abordar el problema desde una perspectiva humanitaria, recordando que los menores de edad son especialmente vulnerables y requieren protección prioritaria.
El organismo colombiano está trabajando en la elaboración de un informe detallado que incluye las declaraciones de los menores y sus familias, así como cualquier otra evidencia que permita esclarecer los hechos. Este informe será presentado ante las autoridades competentes para que se tomen las medidas necesarias. Según explicó Cáceres, el objetivo es garantizar que las condiciones mínimas de dignidad y respeto sean cumplidas en futuros procesos de deportación.
Además, la directora del Icbf señaló que se implementaron medidas para supervisar de cerca las condiciones en las que se realizan las repatriaciones. Aunque no se especifican los detalles de estas acciones, Cáceres aseguró que el organismo está comprometido con la protección de los derechos de los menores y con la prevención de nuevos casos de maltrato.
“Estamos recopilando toda la información para rendir un informe muy formal sobre la situación del trato de los niños deportados”, reiteró Cáceres, dejando claro que el Icbf no permitirá que estas denuncias queden en el olvido.
La funcionaria hizo un llamado a las autoridades ya la sociedad en general para trabajar en conjunto en la protección de los derechos de los menores, recordando que su bienestar debe ser una prioridad en cualquier circunstancia.
El fenómeno de la migración irregular desde países de América Latina hacia Estados Unidos aumentó en los últimos años, llevando a miles de familias a enfrentar procesos de deportación. En este contexto, los menores de edad suelen ser los más afectados, ya que enfrentan no solo las dificultades del viaje, sino también las consecuencias de ser separados de sus familias o sometidos a condiciones adversas durante su retorno.