Contratos a término fijo tendrán este límite de renovaciones con reforma laboral de Petro, según la ministra del Trabajo

El Gobierno de Gustavo Petro presentó un proyecto de reforma laboral al Congreso de la República. El mismo, polémico por no generar empleo ni impactar la informalidad, ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y está a punto de surtir trámite en el Senado,

Dicha propuesta busca limitar el uso del contrato a término fijo en Colombia, con lo que se le dará prioridad a los acuerdos laborales de carácter indefinido. De acuerdo con el texto de la iniciativa, “el contrato a término fijo deberá celebrarse por escrito y en él deberá especificarse la necesidad temporal que se pretende atender y su conexión con la duración que se establezca”. Dicho enfoque apunta a garantizar mayores derechos laborales y minimizar las situaciones de precariedad laboral.

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Tal como lo explicó en su momento la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, “van a poder seguir funcionando (los contratos a término fijo), pero se van a reconocer otra serie de beneficios para los empleados que usan este método de vinculación con las empresas”. De esta manera, la iniciativa persigue un equilibrio entre abordar las necesidades temporales de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales para los trabajadores.

Entre las modificaciones presentadas, la reforma establece que los contratos de trabajo a término fijo podrán hacerse por un período que oscila entre un mes y dos años. Además, “si con 30 días de antelación al vencimiento del plazo pactado o su prórroga ninguna de las partes manifieste su intención de terminar el contrato, este se entenderá renovado por un plazo igual al inicialmente pactado”. Esto garantiza cierta estabilidad laboral a quienes estén vinculados bajo este modelo de contrato.

Cabe destacar que, el límite para prórrogas o renovaciones no podrá exceder los dos años, ya que, según el texto, “en ningún caso, el tiempo inicial pactado y sus prórrogas puede ser superior a dos años”. La medida busca evitar que los obstáculos prolonguen contratos temporales sin intención de convertirlos en indefinidos, lo que, según expertos, representaría una desventaja para los trabajadores.

La reforma también detalla las circunstancias bajo las cuales un contrato a término fijo puede transformarse de manera automática en un contrato a término indefinido. Esto sucederá cuando “el contrato no se celebre por escrito, cuando no se especifique la necesidad temporal, cuando en realidad tenga por objeto satisfacer necesidades permanentes del empleador, cuando el plazo inicial pactado y sus prórrogas supere los dos años o cuando con 30 días de antelación al vencimiento de su última prórroga posible ninguna de las partes manifieste su intención de darlo por terminado”.

En ese mismo orden de ideas, el Ejecutivo insiste en que este tipo de medidas pretenden garantizar las condiciones adecuadas para evitar abusos en el mercado laboral y asegurar que los contratos temporales no se utilicen para cubrir funciones permanentes dentro de las empresas.

Si bien este proyecto de ley deberá ser aprobado aún por el Congreso de la República, proceso que se espera surta durante el primer semestre del año, la propuesta marca un giro notable en el Código Sustantivo de Trabajo de Colombia. Para el Gobierno, fortalecer el contrato a término indefinido es esencial para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, como días de descanso garantizados y pagos extraordinarios, aspectos que se ven limitados en las modalidades temporales.

La reforma es parte de un paquete de propuestas laborales del Gobierno Petro, cuya intención principal es reducir la brecha de desigualdad en el país. Sin embargo, el equilibrio entre las necesidades empresariales y los derechos laborales continúa siendo objeto de debates en sectores políticos y económicos.

Organizaciones de empleados y expertos en temas laborales ya manifestaron que la propuesta podría beneficiar a los trabajadores que, en este momento, se encuentran en condiciones laborales menos favorables. Por otro lado, empresarios y gremios mostraron su preocupación sobre cómo estas restricciones a los contratos a término fijo podrían impactar la flexibilidad que necesitan para responder a demandas específicas de corto plazo.

Mientras se espera la discusión en el Congreso, los actores sociales continúan analizando los efectos potenciales de estas modificaciones legislativas en el entorno laboral y económico del país.