Decreto que le quitó dinero al CNE y los metros de Medellín y Bogotá, entre otras entidades, ya fue demandado: abogado asegura que no es claro

Después de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicara el decreto 0069 de 2025, que establece el aplazamiento de doce billones de pesos al presupuesto general de la nación para el año 2025, ya se presentó la primera demanda contra la normativa ordenada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La acción fue presentada por el abogado constitucionalista Germán Calderón España, quien aseguró que el decreto no cuenta con los suficientes argumentos para congelar los recursos destinados a varias entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y proyectos clave que se desarrollan en el territorio colombiano, como el metro de Bogotá y el túnel del Toyo en Antioquia.

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“En el caso del CNE, es una entidad autónoma, a la cual no se le está respetando esa autonomía presupuestal y, por el contrario, con el recorte presupuestal se pone en juego derechos políticos de la ciudadanía contemplados en el artículo 40 de nuestra Constitución Política de Colombia como son el derecho a elegir y ser elegido y el derecho al voto libre”, señaló el jurista en la demanda.

De igual forma, Calderón España considera que el decreto de aplazamiento expedido por la cartera económica, no tuvo una “consideración o motivación alguna”, teniendo en cuenta el cumplimiento del calendario electoral, por lo que pidió que se suspenda esta medida.

Este no ha sido la única demanda que se presentará contra el decreto expedido por el Gobierno nacional. Además del abogado Calderón España, se sumaría el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien manifestó que la normativa va en contravía de la legislación colombiana.

“Lo que hizo el ministro de hacienda de Petro al congelar el pago de las vigencias futuras del Metro de Bogotá es violar la ley 819 de 2003. Esa misma ley establece que su incumplimiento genera una falta disciplinaria. Llevaremos a la Procuraduría al ministro (Diego Alejandro) Guevara [sic]”, explicó el cabildante bogotano en sus redes sociales.

Incluso, el concejal advirtió que el decreto es una represalia del presidente Petro contra las decisiones del alcalde Carlos Fernando Galán frente al avance de las obras públicas. “El señor Petro no soporta que la Primera Línea del Metro de Bogotá vaya bien y que el proyecto no se haya hecho a su antojo. Por eso aprovecha la crisis fiscal causada por el derroche de su propio gobierno y cobra venganza con todos los ciudadanos. Politiquería pura”, expresó Briceño en X.

La cartera de Hacienda explicó que este decreto de aplazamiento se debe a la negativa del Congreso de la República a la Ley de Financiamiento, en el mes de diciembre de 2024, que contemplaba recaudar 12 billones de pesos, por lo que el monto final del presupuesto será de 511 billones de pesos.

“Evaluadas las proyecciones del presupuesto de rentas y recursos de capital para 2025 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los recaudos que se esperan percibir no son suficientes para financiar los gastos fijados en el decreto expedido para la vigencia fiscal 2025”, expresó el Ministerio.

El decreto establece suspensiones al presupuesto de varias carteras ministeriales, entre ellos, el Ministerio de Hacienda con 3,6 billones de pesos, el Ministerio del Trabajo con 2,8 billones de pesos, el Ministerio de Defensa con 0,7 billones de pesos y el Ministerio de la Igualdad con 0,66 billones de pesos, respectivamente.

De igual manera, otros ministerios que sufrirán recortes presupuestales serán el Ministerio de Interior con 0,32 billones de pesos, el Ministerio de Vivienda con 0,31 billones de pesos y el Ministerio de Salud con 0,21 billones de pesos.

En cuanto al recorte a las entidades, se destaca el Consejo Nacional Electoral que tendrá una disminución de 600.000 millones de pesos, por lo que alertaron la posibilidad de no realizar las elecciones atípicas de 2025, así como las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, y los comicios al Congreso y la Presidencia, a efectuarse en marzo y mayo de 2026.

“EI Consejo Nacional Electoral advierte que la restricción de recursos a la Autoridad Electoral, afecta la realización de elecciones libres, justas y transparentes. Esta decisión presupuestal afecta gravemente la democracia de nuestro país”, aseguró el CNE en un comunicado.