Defensoría del Pueblo aseguró que la magnitud de la crisis en Catatumbo “ha desbordado” a las autoridades

Más de 49.000 personas desplazadas y cerca de 28.000 permanecen confinadas en el Catatumbo, una región del departamento de Norte de Santander que enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas. Según informó la Defensoría del Pueblo, esta emergencia, que superó incluso los niveles de desplazamiento masivo registrados en 1997, es consecuencia directa de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, agravados por la ruptura del cese al fuego con el ELN decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que, aunque la crisis era previsible gracias a las alertas tempranas emitidas previamente, su magnitud desbordó a las autoridades y a las comunidades afectadas.

Durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Representantes, convocada para analizar el decreto de conmoción interior expedido por el Gobierno, Marín explicó que la Defensoría había alertado sobre la expansión de grupos armados ilegales en la región. Sin embargo, la ruptura de acuerdos de convivencia entre las facciones armadas y el escalamiento de los enfrentamientos generaron una situación sin precedentes. Según datos presentados en la sesión, además de los desplazamientos y confinamientos, se han registrado al menos 50 homicidios, aunque aún hay cuerpos que no han sido recuperados de las zonas afectadas.

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La crisis en el Catatumbo no solo ha provocado desplazamientos masivos, también expuso a la población civil a graves violaciones de derechos humanos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se han documentado casos de reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos armados, así como amenazas y ataques contra líderes sociales, docentes, firmantes de paz y misiones médicas. Además, la región enfrenta un aumento en la estigmatización de comunidades acusadas de estar alineadas con uno u otro grupo armado, lo que incrementa su vulnerabilidad.

La situación de las mujeres y los niños es especialmente preocupante. Marín alertó sobre la presencia de redes de trata de personas y explotación sexual, mientras que miles de niños y niñas quedaron sin acceso a la educación debido a la suspensión de actividades escolares en varios municipios.

En respuesta a la crisis, el Gobierno de Gustavo Petro emitió un decreto de conmoción interior, una medida excepcional que busca enfrentar la emergencia en el Catatumbo. Durante su intervención en el Congreso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió esta decisión, argumentando que las facultades ordinarias del Gobierno no son suficientes para abordar la magnitud de la crisis. Cristo afirmó que el enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las Farc no solo ha sido militar, sino que ha incluido ataques directos contra la población civil, con listas en mano para identificar y masacrar a líderes sociales.

El ministro también señaló que el ELN trasladó tropas desde el departamento de Arauca para ejecutar las masacres en el Catatumbo, lo que calificó como una acción “imperdonable e inexcusable”. Según Cristo, esta estrategia buscaba evitar que los comandantes locales, que tienen vínculos familiares y comunitarios en la región, participaran en los actos de violencia. Además, subrayó que el ELN perdió legitimidad política en la región debido a estas acciones.

Ante la gravedad de la situación, la defensora del Pueblo presentó una serie de recomendaciones para mitigar la crisis y garantizar la protección de los derechos humanos en el Catatumbo. Entre estas, destacó la necesidad de fortalecer la atención humanitaria integral y sostenible, con especial énfasis en la creación de alojamientos y rutas de protección específicas para grupos en mayor riesgo, como líderes sociales y firmantes de paz. También instó a las autoridades a garantizar el control territorial y la seguridad pública, así como a proteger a las autoridades locales, personeros municipales y funcionarios de justicia.

Marín hizo un llamado al Congreso, a los organismos de control y a las instituciones del Estado para que trabajen de manera coordinada en la búsqueda de soluciones reales y sostenibles. Además, subrayó la importancia de preservar los procesos de diálogo con los actores armados que hayan expresado voluntad de paz, al tiempo que instó a los grupos ilegales a cesar los ataques contra la población civil.

Por último, la defensora enfatizó la urgencia de implementar el Pacto Catatumbo una vez que se recupere el control estatal en la región. Este plan busca promover el desarrollo integral y la paz en el territorio, pero Marín advirtió que no se deben desatender otras zonas del país que enfrentan riesgos similares de escalamiento del conflicto, como Chocó y Cauca.