El Gobierno nacional declaró un Estado de conmoción interior en el Catatumbo, una región afectada por una grave escalada de violencia que ha dejado un saldo de cerca de un centenar de muertos y miles de desplazados. En días pasados, el Ministerio de Hacienda informó que se implementarán medidas tributarias temporales con el objetivo de recaudar más de un billón de pesos para atender la emergencia. Además, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó un plan de inversión que requiere 6,5 billones de pesos para proyectos de desarrollo en la región.
El decreto de conmoción interior, expedido el viernes 24 de enero, establece que es necesario garantizar recursos adicionales para las entidades estatales encargadas de mitigar los efectos de la crisis. De acuerdo con esta cartera, las medidas buscan impedir que la situación se agrave y asegurar la financiación de las intervenciones necesarias. En este contexto, el Gobierno presentó el martes 28 de enero, ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, un paquete de medidas tributarias que estarán vigentes durante los 90 días que dure el estado de conmoción.
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Con base en lo expuesto por la viceministra de Hacienda, Martha Juanita Villaveces, que representó a la cartera en la sesión de la Cámara, las medidas tributarias incluyen tres impuestos específicos que permitirán recaudar un total de $1,063 billones. Las medidas son: un impuesto al valor agregado (IVA) para los juegos de suerte y azar, que generará ingresos estimados en $519.000 millones; una contribución especial del 1% sobre las exportaciones de petróleo y carbón, que aportará $214.000 millones; y un impuesto de timbre del 1%, con el que se espera recaudar $330.000 millones.
Villaveces explicó que estos recursos serán destinados exclusivamente a la atención de la crisis en el Catatumbo. Además, señaló que el Presupuesto General de la Nación para 2025 no contemplaba estos gastos, lo que hace necesario buscar fuentes adicionales de financiamiento. La viceministra también reconoció las limitaciones fiscales del país, agravadas por un decreto de aplazamiento presupuestal que restringe aún más las capacidades del Gobierno para responder a la emergencia.
Por su parte, el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Mario Valencia, anunció un ambicioso plan de desarrollo para el Catatumbo, enfocado en la transformación económica y social de la región. Según detalló el funcionario, se identificaron 96 proyectos que requieren una inversión total de $6,5 billones. De esta cifra, $1,4 billones ya están disponibles, mientras que el Gobierno gestiona $3,4 billones adicionales a través de vigencias futuras. El resto de los recursos se buscará en colaboración con actores territoriales.
Entre los proyectos prioritarios se encuentran obras de infraestructura vial, como la Troncal Cúcuta-Tibú, la Transversal Tibú-Ocaña, la variante Convención-La Mata y el Anillo por la Paz, que conectará los municipios de Acarí, San Calixto y El Tarra. En el ámbito de la salud, se planea elevar el Hospital de Ocaña a un tercer nivel de atención y mejorar las instalaciones de las IPS públicas. También se contempla la creación de la Universidad del Catatumbo y la modernización de colegios en la región.
Valencia destacó la importancia de la conectividad digital y el desarrollo de proyectos productivos que promuevan la integración agropecuaria y la sustitución de cultivos ilícitos. Entre las iniciativas productivas se incluyen cultivos de cebolla, café, cacao y yuca, así como el fomento de prácticas sostenibles en la cuenca del Catatumbo. En total, se identificaron 16 líneas productivas que buscan dinamizar la economía local.
De igual modo, el subdirector del DNP informó que 43 de los proyectos identificados ya se encuentran en fase tres, listos para ser ejecutados, con recursos asignados por $470.000 millones. Otros 24 proyectos de mediano plazo cuentan con un presupuesto disponible de $457.000 millones. De acuerdo con Valencia, el “pacto social por el Catatumbo” servirá como hoja de ruta para coordinar la participación de diferentes sectores y garantizar la ejecución de los proyectos.
Sin embargo, el desafío principal radica en cerrar la brecha de financiamiento de $5,1 billones que aún se necesita para completar el plan de inversión. El Gobierno confía en que la concurrencia de recursos y actores territoriales permitirá avanzar en la implementación de estas iniciativas, que buscan no solo atender la crisis actual, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible en la región.