Una de las figuras políticas que más ha apoyado al presidente Gustavo Petro en su pulso diplomático con Donald Trump es Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.
En múltiples publicaciones y comentarios en la red social X, el político antioqueño se ha referido a las políticas migratorias de Trump y lo comparó con el máximo líder del III Reich entre 1933 y 1945: Adolf Hitler.
“Si no nos ponemos las pilas Trump repetirá en nosotros lo que Hitler a los judíos”, escribió Quintero Calle que, además, hizo un llamado para contrarrestar las políticas de Trump: “LATAM debe firmar un pacto de comercial de defensa colectiva. Somos 660 millones de habitantes”.
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Resolución diplomática entre Colombia y Estados Unidos: tensiones, concesiones y un acuerdo delicado
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de enero, la Cancillería de Colombia confirmó que se había logrado un acuerdo para poner fin a las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump. La disputa, que escaló con anuncios vía X de aranceles del 50% por parte de Estados Unidos, surgió luego de que el mandatario colombiano se negara a recibir un vuelo militar que transportaba a ciudadanos colombianos deportados.
Si bien el desenlace fue visto por algunos como una capitulación de Colombia ante la presión estadounidense, sectores aliados al presidente Petro sostienen que el uso del avión presidencial para repatriar a los deportados marcó una diferencia simbólica. Según esta visión, el gesto representó un acto de dignidad nacional frente a las medidas coercitivas de Estados Unidos.
La senadora María José Pizarro fue una de las voces más enfáticas al resaltar este punto. En sus declaraciones en X, subrayó que el episodio sentó un precedente en la relación de América Latina con Estados Unidos: “América Latina debe decidir si acepta el trato de delincuentes para sus compatriotas que migraron hacia el norte. Nosotros estamos del lado del pueblo trabajador”, afirmó.
De manera similar, la representante María Fernanda Carrascal destacó que el acuerdo preservó el principio de dignidad para los ciudadanos deportados. “Las personas deportadas vuelven con dignidad y en el avión presidencial. No veo por ninguna parte la victoria de Trump, lo que sí veo es cómo Gustavo Petro defendió a nuestros connacionales y la soberanía de nuestro pueblo. Como debe ser. América Latina debe unirse frente a los atropellos”, escribió en sus redes sociales.
Por otro lado, el comunicado oficial emitido por la Casa Blanca presentó una narrativa diferente. Según este documento, el gobierno colombiano aceptó las condiciones impuestas por Trump, incluyendo la recepción de deportados en aeronaves militares estadounidenses sin restricciones ni demoras. Aunque el gobierno de Petro inicialmente justificó su postura en términos de derechos humanos, la presión económica llevó a flexibilizar su posición.
El canciller saliente, Luis Gilberto Murillo, reiteró que Colombia seguiría garantizando un trato digno a sus ciudadanos deportados. Sin embargo, las sanciones económicas y los aranceles anunciados por Trump permanecen en reserva, con la amenaza de activarse si Colombia incumple el acuerdo.
En respuesta a la presión económica, el gobierno colombiano consideró medidas de represalia, como la imposición de aranceles a productos estadounidenses. Aunque esta alternativa buscaba mitigar el impacto de las políticas de Trump, al final no se implementó, ya que las negociaciones evitaron que las sanciones comerciales de Estados Unidos entraran plenamente en vigor.
La situación vivida por Colombia no es un caso aislado en América Latina. Países como Brasil y México, bajo gobiernos de izquierda, también enfrentan tensiones similares con Estados Unidos en relación con las políticas de deportación y migración. Estos episodios han generado debates sobre la necesidad de establecer un frente común en la región para enfrentar las políticas migratorias restrictivas de Trump y buscar soluciones más equitativas.
En este contexto, Gustavo Petro se encuentra en una posición compleja. Por un lado, debe responder a las demandas de un socio estratégico como Estados Unidos; por otro, busca mantener los principios de soberanía y respeto por los derechos humanos que han caracterizado su discurso.
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