Ministerio de Hacienda evalúa medidas económicas en el marco de la conmoción interior: habrían impuestos notariales

La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, enfrenta una grave crisis humanitaria y de seguridad que hasta el momento deja un saldo alarmante de 41 homicidios, entre ellos cuatro firmantes del acuerdo de paz, dos líderes sociales y tres menores de edad. Además, se reportaron 48.000 personas desplazadas y 25.000 confinadas, según el último boletín del Puesto de Mando Unificado. En este contexto, el presidente Gustavo Petro liderará un Consejo de Ministros el lunes 27 de enero en Ocaña, donde se firmarán 13 decretos reglamentarios en el marco de la conmoción interior.

De acuerdo con las autoridades, uno de los decretos incluirá medidas económicas destinadas a recaudar fondos para realizar inversiones en la región del Catatumbo. Entre estas medidas, el Ministerio de Hacienda evalúa la implementación de un impuesto de timbre que afectaría trámites notariales como la expedición de escrituras públicas, certificaciones y la existencia legal de sociedades. Este impuesto, que sería temporal, se aplicaría únicamente durante los 90 días que dure la conmoción interior, con la posibilidad de extenderse por otros 90 días si el Gobierno así lo decide. Además, se prevé la creación de nuevos impuestos para el sector de juegos de suerte y azar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El decreto económico busca generar los recursos necesarios para financiar proyectos de infraestructura y servicios básicos en el Catatumbo, una región afectada por la violencia. Según las autoridades, las inversiones estarán dirigidas a mejorar las vías de comunicación, fortalecer el sistema educativo y garantizar el acceso a servicios de salud.

El impuesto de timbre, que recaería sobre trámites notariales, generó expectativas sobre su impacto en la ciudadanía y en el sector empresarial. Aunque su aplicación sería temporal, se espera que contribuya significativamente al financiamiento de las iniciativas sociales y de infraestructura en la región. Por otro lado, los nuevos impuestos al sector de juegos de suerte y azar también buscan diversificar las fuentes de ingresos para el Estado en este periodo excepcional.

Además de las medidas económicas, los decretos que se firmarán en el Consejo de Ministros incluirán disposiciones en materia de seguridad, justicia y atención humanitaria. Según lo informado, el componente militar de los decretos estará enfocado en recuperar el control del orden público en el Catatumbo y fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Militares.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda oficializó un aplazamiento de $12 billones del presupuesto general de la nación para el año 2025, lo que reduce el monto total de $523 billones a $511 billones. Este ajuste presupuestal impactará a varios sectores clave, incluyendo ministerios, entidades gubernamentales y proyectos de infraestructura. Entre los recortes más significativos se encuentran los destinados a los ministerios de Igualdad, Vivienda, Interior, Salud y Agricultura, así como al Consejo Nacional Electoral (CNE), que verá suspendidos $600.000 millones previamente asignados para la implementación del código electoral, el cual fue invalidado por la Corte Constitucional.

De acuerdo con el decreto emitido, el Ministerio de Igualdad es el más afectado, con un recorte de $669.000 millones, seguido por Vivienda con $313.000 millones, Interior con $324.000 millones, Salud con $211.000 millones y Agricultura con $108.000 millones. Además, el Congreso de la República enfrentará un aplazamiento de $167.000 millones, lo que refleja el alcance de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para ajustar las finanzas públicas.

El aplazamiento de recursos anunciado por el Gobierno nacional responde a la necesidad de ajustar las finanzas públicas en un contexto económico desafiante. Sin embargo, las decisiones tomadas afectan sectores estratégicos y proyectos de infraestructura que son clave para el desarrollo del país. Los recortes en áreas como transporte, vivienda y salud, así como en iniciativas de gran impacto social como el Metro de Bogotá, generan inquietudes sobre las consecuencias a mediano y largo plazo.