Celulares, marihuana y cocaína: capturaron a dragoneante del Inpec tratando de ingresar elementos prohibidos a la cárcel

La imagen del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la confianza en sus funcionarios se vio perjudicada por las acciones de un dragoneante que intentaba ingresar elementos de contrabando a un penal.

Ocurrió en el municipio de La Plata, Huila, hasta donde fue rastreado el guardia que pretendía ingresar en su vehículo particular, 31 celulares, 6 cargadores, 35 sim cards y 12 amplificadores de señal (upside).

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Pero no solo elementos de tecnología estaban entre los supuestos encargos que le habrían realizado en la cárcel. También llevaba consigo 200 dosis de estupefacientes, paquetes de empaque para dosificación de cigarrillos, 134,5 gramos de marihuana y 67,9 gramos de cocaína.

El video de prueba, filtrado por un ciudadano en las redes sociales, fue acompañado por la descripción: “De guardián a privado de la libertad. Si estás del lado de la delincuencia eres un delincuente”, en un claro intento por advertir a otros guardianes carcelarios que se dejen seducir por las bandas criminales para introducir elementos de contrabando en las cárceles.

Tras su captura, el guardia, del que no se tiene mayor información, fue puesto en manos de la Fiscalía seccional Huila y apartado de sus labores como daragoneante.

En medio de los operativos sorpresa en más de cien cárceles, realizados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para combatir delitos como la extorsión, se conoció una situación escandalosa al interior de la cárcel La Modelo en Bogotá.

Según informó la revista Semana, en el penal, de uso exclusivo para hombres, existen celdas “de lujo”. Un contraste evidente con las condiciones precarias en las que vive la mayoría de los reclusos en el sistema penitenciario.

De acuerdo con el medio citado, dichas celdas presentan características que las asemejan más a dormitorios privados que a espacios carcelarios. Las imágenes publicadas muestran habitaciones sin rejas en las entradas, equipadas con camas semidobles, sofás y cajoneras que funcionan como mesas de noche.

Además, se encontraron elementos decorativos como murales en las paredes, figuras de ángeles en la entrada y un altar en el piso acompañado de veladoras encendidas, objetos que no deberían estar permitidos en un centro penitenciario. Situación que enfrentó a la dirección del penal a cuestionamientos sobre el manejo interno de las instalaciones.

Y es que, mientras algunas celdas de La Modelo exhiben comodidades inusuales, la realidad para la mayoría de los reclusos en Colombia es completamente diferente. Según los informes, en muchas de las celdas comunes de este mismo centro penitenciario, hasta cuatro personas comparten un espacio reducido, y algunos internos se ven obligados a dormir en colchones en el piso o incluso en los baños debido al hacinamiento.

Esta problemática no es exclusiva de La Modelo, pues refleja una crisis estructural en el sistema penitenciario del país, que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos en repetidas ocasiones.

El hacinamiento, la falta de recursos y las condiciones indignas en las cárceles colombianas han sido objeto de críticas y denuncias de otras organizaciones. Sin embargo, la existencia de celdas “de lujo” en un contexto de precariedad generalizada ha generado un debate sobre la equidad y la transparencia en la administración de los centros penitenciarios.

La situación en La Modelo ha reavivado el debate sobre las profundas fallas estructurales del sistema penitenciario colombiano. Las denuncias sobre hacinamiento y condiciones inhumanas han sido recurrentes, pero la existencia de celdas “de lujo” añade una nueva dimensión al problema, al evidenciar posibles irregularidades en la gestión interna de los penales.

Este caso deja en evidencia las fallas al interior de la cárcel y la necesidad de una mayor supervisión y transparencia en su administración. La desigualdad en las condiciones de reclusión no solo afecta la percepción pública sobre la justicia, también podría tener implicaciones legales y éticas para las autoridades responsables.